La administración tributaria se encamina a un periodo de mayor control a partir de 2026, con modificaciones a las políticas fiscales que buscan una fiscalización más estricta. El desconocimiento de la ley ya no será una excusa, y la falta de preparación a tiempo podría acarrear enormes sanciones e incluso la imposibilidad de seguir operando para algunos contribuyentes.

Estos cambios tendrán un impacto directo en el bolsillo del contribuyente ordinario. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementará medidas que implican, de forma general, el pago de más impuestos, lo que afectará no solo a quienes tienen un empleo formal, sino también a la mayoría que se mantiene en la informalidad, pues al subir los impuestos, el precio de los productos y servicios también lo hará.

Una de las principales modificaciones es el aumento en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en productos cotidianos. Por ejemplo, las bebidas azucaradas verán un incremento significativo, pasando su pago de $1.6 a $3 pesos por litro. El tabaco tendrá una subida considerable, pasando de un 160% a un 200%. Además, las actividades de casinos y apuestas en línea se elevarán del 30% al 50%, y se aplicará un nuevo impuesto del 8% a los videojuegos considerados violentos.

En el ámbito del ahorro, el aumento en las retenciones sobre rendimientos financieros, que pasa del 0.50% al 0.90%, reduce el atractivo y la posibilidad de destinar dinero a este rubro, haciendo menos viable esta opción para muchos.

Otro punto crucial es la cero tolerancia ante el uso de facturas falsas. La detección de cualquier irregularidad implicará altas consecuencias, incluyendo la posibilidad de la revocación de los sellos digitales para la emisión de facturas.

Finalmente, el consumo digital dejará de ser una vía de escape a las obligaciones fiscales. A partir de 2026, la autoridad fiscal tendrá acceso a los gastos realizados en plataformas digitales prácticamente en tiempo real. Las empresas de estas plataformas estarán obligadas a reportar cada transacción, y su negativa resultará en el bloqueo de operaciones en México.

Ante este panorama de control más estricto y vigilancia cercana, la única vía es el cabal cumplimiento de las normas. Buscar ayuda profesional en materia fiscal se vuelve indispensable, ya que cualquier error, omisión o desconocimiento será asumido como falta intencional y acarreará un alto precio, con recargos mensuales que superan el 1%.