Mexicali, BC. La Secretaría de Educación de Baja California y su titular, Irma Martínez, están en el ojo del huracán por su inacción y aparente complicidad ante un acto de discriminación flagrante contra alumnos con espectro autista en una escuela primaria de Mexicali. El caso, que ha escalado hasta el cierre del plantel por parte del director, revela una grave omisión de las autoridades educativas en la protección del derecho constitucional a la educación inclusiva.

El Juzgado Sexto de Distrito del Poder Judicial de la Federación otorgó una suspensión definitiva para proteger el derecho a la educación de dos niños neuro divergentes, amparando su necesidad de contar con un "maestro sombra". Sin embargo, la Secretaría de Educación, en lugar de acatar la resolución judicial y garantizar la presencia de esta figura esencial para la inclusión, ha optado por convocar "mesas de convivencia escolar". Esta maniobra dilatoria no solo incumple una orden federal, sino que traslada la responsabilidad de un conflicto institucional a los padres de familia y al director, evidenciando una falta de liderazgo y compromiso con la política de educación inclusiva.

La secretaria de Educación, Irma Martínez, ex dirigente del SNTE y exsenadora, ha sido señalada por no hacer cumplir el amparo judicial, permitiendo que el director Carlos Castro Luna no solo cancelara la presencia de los "maestros sombra" en septiembre, sino que escalara la protesta al cerrar la Escuela Benemérita Estado de Baja California en noviembre. La justificación del director de que "los maestros no somos cuidadores de nadie" y su convocatoria a un paro ante la "falta de apoyo" de la SE, pone en evidencia el abandono institucional que sufren tanto los docentes como los alumnos neuro divergentes.

La inacción de la Secretaría de Educación ante un claro acto de discriminación y violación a un derecho fundamental, respaldado por un amparo, constituye una irresponsabilidad. Las familias afectadas han calificado la conducta del director como una "violación al derecho a la educación por parte de la autoridad educativa hacia una población vulnerable", una acusación que se extiende a la cúpula de la Secretaría por su silencio y negligencia.

Mientras el plantel permanece cerrado desde el 6 de noviembre, la dependencia educativa se limita a señalar la insuficiencia de los Centros de Atención Múltiple (CAM) y USADER para atender a los cerca de 2 mil niños neuro divergentes en Mexicali. Esta declaración, lejos de ser una justificación, subraya el fracaso de la política educativa estatal y la urgencia de recursos y voluntad política para garantizar la verdadera inclusión, en lugar de permitir que directores y planteles se conviertan en focos de exclusión.

La pasividad de la Secretaría de Educación de Baja California no solo desacata una orden judicial, sino que envía un mensaje peligroso: la discriminación contra menores de edad con discapacidad puede ser tolerada bajo su administración. Es imperativo que la autoridad educativa asuma su responsabilidad, acate la ley y garantice de inmediato el derecho a la educación de los niños afectados.