CAMPECHE. Los ejidatarios de Campeche temen que el cierre del Tribunal Unitario Agrario 34, derive en que se frenen el 90% de las carpetas de investigación contra el gobierno federal, específicamente contra el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y el Tren Maya, por las indemnizaciones pendientes a los terratenientes cuyo patrimonio fue expropiado para el desarrollo del polémico proyecto.

Ante esta situación este lunes, el Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, presentó un Punto de Acuerdo con Pronta y Obvia Resolución, para exhortar respetuosamente al Pleno del Tribunal Superior Agrario, para que Reconsidere el Acuerdo General 5/2025 a fin de que el Estado de Campeche No se Quede sin Tribunal Unitario Agrario, debido a la Redistritación.

Consideraron que los diferentes partidos representados en la LXV legislatura local, deben encontrar coincidencias para apoyar en todo momento a la gente del campo.

Por su parte, el dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), e integrante del PRI, Luis Felipe Mora Hernández, indicó que, ante la reubicación de más de 400 carpetas de investigación en Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, los ejidatarios temen que sus casos se puedan retrasar. Además, será más costoso para ellos trasladarse a los tribunales donde han sido enviados sus casos.

Explicó que los amparos promovidos por la CNC están en revisión por los juzgados de distrito, ya que consideran que el traslado de los casos podría ser una estrategia para frenar las demandas de los ejidatarios.

Uno de los puntos más críticos que subrayó el líder campesino es que, al no haber dinero para cumplir con las indemnizaciones comprometidas, se está impulsando una estrategia para “cansar” a los afectados y evitar que continúen con el seguimiento adecuado de sus demandas. Mora Hernández agregó que esta maniobra busca, en última instancia, que los ejidatarios olviden los pagos pendientes por sus tierras expropiadas para el Tren Maya.

La situación se agrava por la sospecha de que las autoridades estarían buscando retrasar los juicios y trasladarlos a sedes en otras entidades para dificultar el proceso y desgastar a los afectados, lo que podría resultar en la cancelación de las compensaciones económicas por las tierras expropiadas para el megaproyecto ferroviario.