Concretan venta de La Choca, Convenciones en espera

El Gobierno de Tabasco informó sobre los resultados de las licitaciones para la enajenación de dos inmuebles públicos como parte de la estrategia de desarrollo urbano “Villahermosa 2030”. La secretaria de Administración y Finanzas, Talina Ferrer Cadenas, confirmó la adjudicación del Gimnasio La Choca a la empresa Interservicios de Tabasco, SA de CV, por un monto de 201 millones de pesos, superando el precio base autorizado por el Congreso local.

En contraste, el proceso de licitación para el Centro de Convenciones Tabasco 2000 fue declarado desierto el pasado 3 de julio. Según la funcionaria, la única propuesta recibida, presentada por Constructora e Inmobiliaria Perinorte, SA de CV, no cumplió con los requisitos documentales exigidos en la revisión legal. La secretaria subrayó que no existe prisa para una nueva venta, enfatizando que el objetivo principal es garantizar el estricto cumplimiento de la ley.

La funcionaria detalló que las operaciones contaron con la supervisión de diversas dependencias, incluyendo las secretarías de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Turismo y Desarrollo Económico, Anticorrupción y Buen Gobierno, así como la Consejería Jurídica y el Órgano Interno de Control. Según el reporte oficial, el procedimiento incluyó avalúos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), la desafectación del dominio público y la autorización legislativa mediante los decretos 259 y 260, en apego a la Ley de Bienes del Estado. Las empresas adjudicatarias estarán obligadas a desarrollar proyectos alineados al plan “Villahermosa 2030” e iniciar obras en un plazo no mayor a dos años.

Paralelamente a la información oficial, diversas organizaciones civiles manifestaron su rechazo al proyecto, denunciando la privatización del patrimonio público.

Clío Itzel Canudas Romo, integrante de la asamblea en defensa del Parque Museo La Venta, exigió un alto a la enajenación: "Como sociedad civil exigimos el freno inmediato a la enajenación del patrimonio colectivo, la instalación de mesas de deliberación ciudadana con validez jurídica; no más opacidad, no más improvisaciones".

Por su parte, Alejandro May, del Colectivo Lab Incide, anunció la formalización de una denuncia pública contra el gobernador Javier May Rodríguez, las secretarias Katia Ornelas y Talina Ferrer, y el ex titular de SOTOP, Daniel Casasús. "Hacemos una denuncia pública (...). Son propiedad del pueblo", declaró May, cuestionando la falta de consulta previa en la transferencia de estos activos.

Como parte de las acciones de protesta, los colectivos instalaron un "tendedero" en el parque Los Guacamayos, donde exhibieron fotografías de los diputados locales. Los manifestantes señalaron a los legisladores como responsables por avalar la venta de los inmuebles sin haber convocado a un parlamento abierto para discutir el destino del patrimonio estatal.