Dan marcha atrás a evaluación que ponía en riesgo 32 mil empleos en Poder Judicial

Una intensa ola de protestas, paros laborales y bloqueos viales en la Ciudad de México, Guadalajara, Villahermosa y Monterrey rindió frutos: las autoridades judiciales acordaron reformar el esquema de evaluación que amenazaba la estabilidad laboral de 32 mil secretarios proyectistas, actuarios y oficiales del Poder Judicial Federal (PJF).

El giro decisivo ocurrió durante una reunión de negociación en la Suprema Corte de Justicia, donde el Ministro Presidente Hugo Aguilar fungió como mediador entre Néstor Vargas, titular del Órgano de Administración Judicial (OAJ), y los representantes de tres sindicatos judiciales.

Mediante un comunicado, la SCJN confirmó que el nuevo mecanismo dejará de ser punitivo: "Se establecerá de manera clara y categórica que la evaluación del desempeño tendrá como propósito fundamental fortalecer la eficiencia, eficacia y calidad en la impartición de justicia, derogando en definitiva toda referencia que pueda interpretarse con efectos sancionatorios o que implique la separación del cargo".

El descontento del personal radicaba en el peso asignado a criterios subjetivos, pues la opinión de Jueces, Magistrados y compañeros representaba el 30 por ciento del puntaje global. Para neutralizar la discrecionalidad, la Corte ratificó que se eliminarán las evaluaciones extraordinarias a solicitud de los titulares y se reestructurarán los porcentajes de calificación.

Este acuerdo desactiva en la práctica lo estipulado por la Ley de Carrera Judicial del PJF de enero de 2025, marco legal impulsado por el grupo parlamentario de Morena y sus aliados que condicionaba expresamente la continuidad laboral al resultado de los exámenes.

Previamente, el OAJ había intentado atenuar la norma estableciendo una prueba meramente "diagnóstica" para 2026 y exámenes de regularización a partir de 2027. Sin embargo, los pactos alcanzados en la mesa de diálogo anulan definitivamente cualquier amenaza de despido para los trabajadores.