Demandan padres a Gobierno actuar contra vandalismo en escuelas

Nacajuca, Tabasco. Un enérgico llamado a las autoridades estatales, encabezadas por el gobernador Javier May Rodríguez, realizaron este lunes padres de familia del ejido Samarkanda, quienes acudieron al Palacio de Gobierno para demandar una audiencia urgente y exigir que se detenga la impunidad que ha permitido el constante vandalismo y robo en dos de sus planteles educativos.

Lejos de encontrar soluciones y apoyo de la Secretaría de Educación, los tutores denuncian que la respuesta institucional ha sido la evasión de responsabilidad, argumentando que la carga de la reparación y seguridad recae en los propios padres, una postura que consideran inaceptable.

Las instituciones afectadas son el Jardín de Niños "Samarkanda" y la Escuela Telesecundaria "Carlos Pellicer Cámara", donde la delincuencia ha arrasado con equipos esenciales como computadoras, televisiones y compresores de aire acondicionado.

"Por parte de la Secretaría de Educación, pues ahora sí se lavaron las manos; dijeron que todo tiene que ser por parte de los padres de familia. Nosotros venimos buscando un apoyo de él (el gobernador) a ver qué respuesta nos va a dar", señaló Francisco Córdova de la Cruz, representante de los manifestantes.

El resultado de esta inacción es una crisis educativa: entre 85 y 90 niños de preescolar están obligados a tomar clases improvisadas en un templo religioso, expuestos a las altas temperaturas, mientras que los alumnos de telesecundaria regresaron a aulas con ventanas destrozadas y cubiertas con cartones, forzados por directivos bajo el pretexto de evitar una baja en la matrícula.

"Los niños están tomando clases en un templo, pero están a la intemperie en el calor, prácticamente los obligaron a regresar a clases así con esas instituciones dañadas y pues no se nos hace justo de que los niños estén sufriendo por el calor", lamentó Córdova de la Cruz.

Los padres no solo exigen la reparación inmediata de los daños —que incluyen vidrios rotos y protecciones destruidas—, sino que demandan que el Estado asuma su responsabilidad garantizando la seguridad en los planteles. Entregaron un documento formal en Atención Ciudadana, fijando un plazo de 15 días para obtener una resolución y la asignación de vigilancia las 24 horas del día para evitar que las escuelas sigan siendo desvalijadas ante la pasividad de las corporaciones de seguridad.