CHIAPAS. Organizaciones civiles del Colectivo de Monitoreo Frontera Sur señalaron que la falta de recursos económicos en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, ha provocado una reestructura operativa en la entidad, lo que redujo el personal y los traductores disponibles. Esta situación afecta directamente los tiempos de espera en los procesos de admisión, entrevistas y resoluciones de solicitudes de asilo.

Además, alertaron sobre “presuntos actos de corrupción que involucran a personal de la Comar y redes de abogados particulares”, quienes ofrecen agilizar los trámites a cambio de dinero, afirmando tener contactos internos.

“Estas prácticas, actualmente normalizadas entre la población solicitante, generan desconfianza en el sistema de asilo”, expresó el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.

El recorte de fondos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, que a su vez recibió menos apoyo del gobierno de Estados Unidos, también impactó el funcionamiento de la Comar.

Respecto a los vuelos humanitarios ofrecidos por el INM a personas venezolanas, el Colectivo mencionó que hay unas 4 mil personas en lista de espera en Tuxtla y Tapachula desde febrero. Desde entonces, “sólo han partido siete vuelos con alrededor de 2 mil 50 personas, bajo criterios opacos y discrecionales”.

Denunciaron también el desalojo del campamento bajo la Torre Chiapas, el pasado 18 de junio, sin previo aviso. Alrededor de 100 personas fueron retiradas del espacio público, en su mayoría familias y niños, que tenían meses de espera ya que fueron trasladados desde Tapachula en autobús.

Exigieron a la Secretaría de Gobernación y al INM que se garantice el buen funcionamiento de la Comar, se investiguen los casos de corrupción y se aclare el proceso de selección para los vuelos, priorizando a familias vulnerables.

Por otro lado, el colectivo alertó de la situación de los vuelos humanitarios ofrecidos por el Instituto Nacional de Migración (INM) a personas de nacionalidad venezolana, con una lista de espera de aproximadamente cuatro mil personas entre las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula; muchas de ellas pertenecientes a grupos familiares que desde febrero aguardan una respuesta institucional.

Al contrario, desde el anuncio del inicio de los vuelos de retorno voluntario el 20 de febrero del presente año, solo han partido siete aviones con alrededor de dos mil 50 personas.