CAMPECHE. Artesanos fueron desalojados la mañana de este viernes del parque principal, pese a tener permisos otorgados por el Ayuntamiento de Campeche. Estos documentos resultaron ser inválidos, ya que violan el Artículo 27 del Periódico Oficial del Estado, que prohíbe el comercio ambulante en el Centro Histórico y barrios tradicionales como San Román, Guadalupe, San Francisco y Santa Ana
Luego de que al menos 60 artesanos provenientes de diferentes municipios del estado notificados y se les impidiera continuar con sus actividades comerciales, los accesos al parque se cerraron con candados, dejándolos encerrados dentro del recinto.
Posteriormente, lograron salir por una de las puertas laterales, pero al intentar regresar al día siguiente se encontraron con la prohibición total del ingreso, lo que generó molestia y movilización por parte del grupo de vendedores.
Los artesanos señalaron que esta situación ya se había presentado el año pasado, pese a haber cumplido con el pago de sus espacios para vender durante la temporada vacacional hasta el 27 de abril.
La inconformidad creció cuando ninguna autoridad ofrecía explicaciones claras, hasta que se mencionó que el desalojo se debía a una presunta inspección por parte de la UNESCO, aunque sin confirmación oficial.
Representantes del Gobierno del Estado acudieron al lugar, pero no ofrecieron soluciones concretas; tras horas de incertidumbre, únicamente permitieron a los artesanos retirar sus pertenencias.
Ante la falta de respuesta, los vendedores solicitaron ser reubicados en la Plaza de la República, la cual se encuentra actualmente desocupada; sin embargo, tampoco hubo una respuesta inmediata.
Pasado el mediodía, la alcaldesa de Campeche, Biby Rabelo, se presentó en el lugar y confirmó que ella tampoco fue informada de la inspección. Señaló que la disputa por la administración del parque principal entre autoridades estatales y municipales ha generado este tipo de conflictos anteriormente.
Tras el diálogo, los artesanos fueron reubicados en la Plaza Juan Carbó, donde continuarán con sus ventas por el resto de la temporada vacacional.
No obstante, lamentaron las pérdidas económicas ocasionadas por el desalojo, argumentando que los espacios públicos son del pueblo y no deberían estar sujetos a decisiones unilaterales.
El Gobierno del Estado señaló que su postura se basa en la aplicación de la ley que prohíbe el comercio ambulante en ciertas zonas, aunque sin aclarar si existirá una solución permanente para los afectados.
