El inicio de la administración del alcalde priista de Orizaba, Hugo Chahín Kuri, ha estado marcado por una controversia de graves proporciones: el nombramiento de Alfredo Álvarez Valenzuela como director de Seguridad Municipal. La decisión, anunciada en la primera sesión de Cabildo, ha desatado una ola de críticas dada la sombra de acusaciones y el historial judicial que persiguen al nuevo jefe policíaco.
Álvarez Valenzuela, exsecretario de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala y excapitán de Fragata de Infantería de la Semar, no llega al cargo con un currículum inmaculado, sino con el lastre de serios señalamientos. Sobre él pesan acusaciones de presunta desaparición forzada —derivadas de un operativo en 2008 cuando laboraba en la Secretaría de Seguridad Ciudadana— y de acoso sexual, denunciado en 2020 por su entonces colaboradora Erandy Garcia mientras fungía como subdirector general adjunto de la subsecretaría de Seguridad Ciudadana federal.
Pero el aspecto más alarmante es la existencia de una orden federal de aprehensión vigente desde 2014, de la cual el exfuncionario logró ampararse provisionalmente en diciembre de 2024, tras haberse fugado desde 2021, y para lo cual depositó una irrisoria garantía de 2 mil 500 pesos.
La designación de una persona con este perfil —prófugo de la justicia hasta hace poco y con señalamientos tan graves como la desaparición forzada— como máximo responsable de la seguridad pública de un municipio es, cuando menos, imprudente y, a todas luces, una burla a la ciudadanía y a las víctimas de los presuntos delitos.
Mientras el alcalde Chahín Kuri lo presentaba en su toma de protesta como una persona "con preparación académica, estudios de posgrado y experiencia en corporaciones federales" que "fortalecerá las acciones de seguridad", la realidad de los antecedentes de Álvarez Valenzuela socava toda credibilidad en la promesa de seguridad.
La "experiencia" que el munícipe destaca parece ser, precisamente, el historial que debería descalificarlo inmediatamente para un cargo que exige el más alto nivel de integridad y respeto a los derechos humanos.
