Una familia afectada por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre con un saldo de 14 muertos, presentó este lunes una querella ante la Fiscalía General de la República (FGR) de México. La denuncia acusa los delitos de "lesiones" y "abuso de autoridad" contra los contratistas señalados como responsables del accidente en Oaxaca.

La acción legal fue interpuesta por la firma Vega Mac Gregor Arellano Abogados en representación de Juan Manuel Iglesias, Flor del Carmen Temích y su hijo Alexis Iglesias Temích. El objetivo es "colaborar y apoyar mayores datos" a la investigación que ya lleva a cabo la FGR, según explicó el abogado Adrián Arellano a EFE.

El abogado Arellano indicó que la familia, que viajaba de Ciudad Juárez a Oaxaca por misiones, busca participar activamente en la investigación por temor a que el caso "se va olvidar" y quede sin el debido esclarecimiento. Además, advirtió que la reparación de los daños a las víctimas podría tardar más de dos años.

Juan Manuel Iglesias, uno de los damnificados, señaló por teléfono que la demanda se dirige a "aquellos funcionarios que omitieron su trabajo y cedieron a la corrupción". Denunció que su familia resultó lesionada y está hospitalizada sufriendo la "carencia de insumos y personal poco sensible", mientras se sigue de cerca la evolución médica de 11 víctimas.

Iglesias relató las difíciles condiciones que enfrentó, como "pernoctar como un indigente afuera del hospital durante dos días". Su hijo Alexis fue operado por una herida de 18 puntos en la cabeza y una lesión en el brazo. Él sufrió una lesión de tobillo de segundo grado y su esposa, Flor del Carmen, una afectación cervical de primer grado. "Esta demanda es para llegar hasta las últimas consecuencias", enfatizó.

La defensa legal sostiene que la denuncia apunta a las principales contratistas —Comsa Infraestructuras, Grupo Constructor Diamante y Daniferrotools— basándose en "irregularidades" detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entre 2019 y febrero de 2025. El abogado mencionó que la ASF advierte de "mala supervisión y mala construcción y una mala rehabilitación", sin que exista "evidencia fotográfica" de los trabajos realizados.

A pesar de las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de que las víctimas no necesitan procedimientos legales adicionales para recibir atención, Iglesias argumentó que su acción busca evitar que las autoridades "le cierren la puerta" a los afectados. Por su parte, el abogado Arellano pidió a las autoridades ver este apoyo legal gratuito como una ayuda para esclarecer lo ocurrido en el descarrilamiento del tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y no como un "obstáculo".