Destapan red de colusión en INE tras escándalo, acapararon mas de 2 mil mdp

CIUDAD DE MÉXICO.— En una tensa y maratónica comparecencia de cuatro horas ante comisiones de la Cámara de Diputados, el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente, encaró duros cuestionamientos de la Oposición y exhibió la operación de un entramado de corrupción y simulación de competencia que ha salpicado al máximo órgano electoral del país y a decenas de organismos locales.

Entre protestas de legisladores que exhibieron imágenes de la ex presidenta del INE, Guadalupe Taddei, junto al empresario de materiales electorales José Alfredo Hernández Casillas, el contralor confirmó la existencia de una red de proveedores coludidos que operó desde años atrás dentro del organismo, derivando en un escándalo de dimensiones nacionales y culminando con la salida de Taddei de la presidencia del árbitro electoral.

Durante el desarrollo de la sesión, la bancada de Oposición recriminó la actuación que calificaron como tardía por parte del OIC para frenar la red irregular en sus niveles más altos. La diputada del PAN, Kenia López, aseveró que "Morena hizo a Taddei" y le otorgó superpoderes de forma irresponsable, exigiéndoles asumir el costo político de la crisis. López cuestionó abiertamente la omisión de las autoridades internas de fiscalización respecto a las contrataciones a modo y el presunto uso de la sede alterna en Picacho 259, señalada como centro de irregularidades, advirtiendo que los señalamientos salieron a la luz pública a través del trabajo periodístico.

Por su parte, la legisladora de Movimiento Ciudadano, Claudia Salas, reprochó los intentos de diluir la gravedad actual atribuyendo la colusión a administraciones pasadas. En respuesta, la diputada de Morena, Elena Segura, intentó deslindar a su partido del nombramiento y de la designación de los funcionarios señalados, argumentando que la presidencia de Taddei surgió de un proceso de insaculación en el pleno de la Cámara.

A la par de los señalamientos políticos, los expedientes del OIC documentan una estructura financiera y comercial encabezada por el empresario José Alfredo Hernández Casillas y sus hermanos Raymundo y otros familiares, quienes a través de un grupo de empresas entrelazadas acapararon contratos por al menos 2 mil 561 millones de pesos en un periodo de 12 años.

El impacto económico de este esquema se intensificó significativamente en el periodo reciente: el 77 por ciento de dichos recursos (1,883 millones 95 mil pesos) fue obtenido durante los últimos cinco años. Asimismo, entre 2023 y 2026, el grupo ejerció un control predominante sobre las licitaciones de material e insumos electorales en el INE y en al menos 27 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).

El informe presentado por el contralor detalló la metodología utilizada por las empresas involucradas (Cajas Graf, Corporativo Zeg, Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales, y Seriplast de México) para manipular los procesos licitatorios: Intercambio de mandos y prestanombres: Accionistas, apoderados legales y representantes cruzaban cargos entre las compañías. En la lista figuran familiares directos, amigos y empleados, registrándose desde choferes y actores hasta ex administradores del propio INE. Simulación de ofertas: Varias firmas de la red presentaban propuestas simultáneas en una misma licitación. Unas elevaban deliberadamente sus costos para inflar el precio medio de referencia, logrando descalificar propuestas económicas más bajas por supuestos incumplimientos técnicos para adjudicar el contrato a la opción más cara y distribuirse las ganancias. Subcontratación y facturación: Empresas sin capacidad de producción directa, como Cajas Graf, fungieron como intermediarias adjudicándose más de 1,072 millones de pesos mediante la subcontratación de servicios en los estados. La continuidad del esquema operó aun cuando en los años 2023 y 2024 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aplicó el congelamiento de múltiples cuentas bancarias a los implicados y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) inició expedientes por prácticas monopólicas absolutas.

De un universo total de 106 contratos otorgados por institutos electorales locales, únicamente 53 se realizaron bajo esquemas de licitación pública, en los cuales se identificó el patrón repetido de simulación entre las empresas asignadas. Desglose por razón social y montos captados: Cajas Graf: $1,072,876,165 MXN (contratos con 20 OPLES) Formas Finas y Materiales: $815,961,175 MXN Corporativo Zeg: $278,717,552 MXN Comercializadora JVLY: $208,396,239 MXN Seriplast de México: $85,123,981 MXN