Escándalo en la FGR: Investigan entramado de extorsión que roza a Ulises Lara y Ernestina Godoy

Un elaborado plan de extorsión a proveedores gubernamentales, en el que presuntamente estaría involucrado Ulises Lara —ex titular de la Fiscalía Especial de Asuntos Relevantes de la FGR y considerado un hombre cercano a la Fiscal General Ernestina Godoy—, fue descubierto y denunciado ante las autoridades por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Según la denuncia interpuesta ante la FGR que fue revelada por el Diario REFORMA, el esquema operaba mediante documentos con papelería oficial falsificada y firmas alteradas de la secretaria Raquel Buenrostro. En los textos apócrifos se instruía auditar a empresarios bajo la amenaza de coordinarse con la FGR, documento que los extorsionadores mostraban a las víctimas para exigirles dinero a cambio de "frenar" las indagatorias.

La querella penal fue formalizada el pasado 6 de agosto por Mauricio Elpidio Montes de Oca Durán, Director de Asuntos Penales de la Unidad de Combate a la Impunidad de la Secretaría, quedando registrada bajo el expediente FED/CDMX SZS/0003777/2026.

Las sospechas sobre el involucramiento del entorno de la FGR cobraron fuerza al analizar las fechas del expediente apócrifo. El oficio falso, fechado el 4 de junio de 2026, señalaba supuestas órdenes directas de Ulises Lara para indagar a los contratistas. Apenas unas semanas después, el 14 de julio, Lara presentó su renuncia intempestiva al cargo sin que se dieran explicaciones oficiales sobre su salida.

Ulises Lara, quien llegó a la dependencia como una pieza clave en la estructura de la Fiscal General Ernestina Godoy, habría dejado su puesto en medio del sigilo, justo antes de que la denuncia formal de la Secretaría Anticorrupción fuera presentada.

El modus operandi consistía en llamadas a los empresarios afectados, a quienes se les advertía sobre investigaciones administrativas y penales en su contra, ofreciendo la intervención directa para convencer a Lara de detener las acciones legales a cambio de elevadas sumas financieras.

Fueron los propios proveedores quienes alertaron directamente a Raquel Buenrostro sobre los chantajes de los que estaban siendo víctimas, lo que detonó la investigación interna y la denuncia penal para desactivar la red de corrupción.