Exigen investigar millonarias irregularidades en TET y cuestionan la continuidad de Oswald Lara

VILLAHERMOSA, TABASCO. El Tribunal Electoral de Tabasco (TET) se encuentra atrapado en el ojo del huracán tras destaparse un severo choque institucional con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), derivado de un boquete de 19 millones de pesos no solventados en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2025. El escándalo no solo ha puesto en entredicho el manejo financiero del organismo electoral, sino que ha desatado una contundente ofensiva política que exige rendición de cuentas inmediata y castigo a las anomalías.

Ante la gravedad de los hallazgos, el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rafael Acosta León, lanzó un enérgico llamado al magistrado presidente del TET, Oswald Lara Borges, a dejar de lado la confrontación, acatar sin excusas la Ley de Fiscalización del Estado y transparentar cada peso observado.

Acosta León calificó de lamentable el espectáculo entre ambas instituciones, atribuible al protagonismo e intransigencia con la que se ha conducido la titularidad del tribunal electoral. La presión escala también en el ámbito legislativo. El coordinador de la bancada del PRD en el Congreso local, el diputado Nelson Humberto Gallegos Vaca, urgió formalmente al Senado de la República a revisar con lupa la permanencia de Lara Borges al frente del TET.

Gallegos Vaca confirmó que desde la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) impulsarán acciones decisivas para frenar la opacidad y evitar que este caso quede impune.

En su postura más severa, el líder parlamentario perredista comparó las presuntas irregularidades del TET con las desastrosas gestiones administrativas detectadas a nivel nacional en el INE, alertando que Tabasco no puede tolerar prácticas similares. "Es incomprensible la actitud de un magistrado presidente que arremete y se niega a solventar las observaciones del órgano fiscalizador", sentenció, reiterando que la ley no se negocia y que el tribunal tiene la obligación ineludible de acatar el marco legal vigente.