VERACRUZ. Myrna tiene 67 años, es pensionada del ISSSTE y, como su derecho constitucional, también recibe la pensión del Bienestar; estos son sus únicos ingresos, con los que debe costear los servicios, alimentación y los cuidados propios de dos padecimientos de salud, porque vive con diabetes y síndrome mielodisplásico.

Desde noviembre de 2024 no ha recibido ningún ingreso porque la financiera Préstamo Feliz obtuvo una orden judicial para secuestrar sus cuentas bancarias con la intención de “garantizar el pago de un crédito”. Todo esto pone en riesgo la vida de Myrna quien, por motivos de su salud y edad, no cuenta con otros medios para subsistir.

Su caso tiene muchas inconsistencias y se ubica en un escenario de falta de candados que aseguren las pensiones en México, hoy, a pesar de que la pensión del Bienestar está en la Constitución (artículo 4to. Constitucional), no tiene ningún tipo de protección contra el embargo, lo que impide que cumpla su misión de ser un sostén económico para las personas de edad avanzada que ya han servido a nuestro país y quienes están en grave vulnerabilidad porque muchas veces están solos, viven con enfermedades y carecen de defensa legal justa y profesional.

Las financieras saben eso; les resulta conveniente que la pensión del Bienestar no tenga blindaje legal, porque de ahí se están cobrando créditos con trampas, mintiendo a los jueces y obteniendo permiso para secuestrar los únicos ingresos que tienen.

La pensión tiene el espíritu de proveer a nuestros adultos mayores de un medio de subsistencia que permita vivir con dignidad y seguridad social. En este proceso el juez no ha considerado que las pensiones jubilatorias sí tienen protección constitucional, y no solo bloqueó la cuenta del Banco del Bienestar, sino también aquella donde Myrna recibe los depósitos del ISSSTE, lo que ya en sí es grave.

En el caso de Myrna, Préstamo Feliz miente al juez entregando una cuenta por 242 mil pesos falsa, porque ella solo recibió un crédito por 80 mil pesos; además, exhiben un pagaré con fecha alterada e inválido ya por vencimiento del plazo legal, y pretenden cobrar intereses no pactados en el contrato de la deuda. Buscan aprovecharse de la condición de salud de los demandados, de la desesperación por ver secuestrados sus ingresos y del desconocimiento de la ley.

Muestran, además, cómo otros jueces en Puebla y Ciudad de México han ordenado secuestrar las cuentas donde se reciben las pensiones. Es de la máxima urgencia legislar para blindar la Pensión del Bienestar para que su protección sea constitucional, indicó Teresa Carbajal representante legal de la víctima.