Un Tribunal Colegiado ha dictado una orden crucial: la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) debe ejecutar verificaciones, inspecciones y medidas de protección en las obras del polémico Tramo 5 del Tren Maya, el cual une Cancún y Playa del Carmen, en Quintana Roo.

La decisión judicial concede una suspensión definitiva al colectivo ecologista Sélvame del Tren. Esta medida se da en el marco del juicio de amparo promovido por el grupo, centrado en el impacto ambiental negativo que ha generado la construcción y operación de esta megaobra, en su momento estandarte del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La resolución trasciende la simple verificación. No solo exige a Profepa realizar el resguardo ambiental, sino que también obliga a su Dirección General de Delitos, Comunicaciones, Denuncias y Quejas a atender formalmente las denuncias sobre la afectación a los ecosistemas de la región.

"Este logro marca un hito significativo en la defensa de nuestros recursos naturales, asegurando que se implementarán acciones concretas de verificación, inspección, conservación y protección en respuesta a las denuncias ciudadanas", declaró la organización ambientalista.

Guillermo DChristy, líder de Sélvame del Tren, subrayó la relevancia de este fallo. En sus palabras, la decisión establece la obligatoriedad de dar curso a las denuncias públicas y pone fin a la posibilidad de ignorar la urgencia de proteger los ecosistemas.

"Esto no es solo una victoria legal. Es un mensaje rotundo: la naturaleza posee derechos y la sociedad civil organizada tiene el poder de influir. Agradecemos a todos quienes han sostenido esta lucha con información, presencia y convicción. Nuestra labor continúa en favor de un modelo de desarrollo que priorice la vida. La protección ambiental es una responsabilidad compartida", concluyó DChristy.