Frenan juicio contra Ernesto Ruffo por huachicol

En un giro decisivo dentro de uno de los casos de mayor impacto político e industrial del país, la justicia federal concedió la suspensión definitiva a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador panista de Baja California, frenando de manera temporal el proceso penal que enfrenta por delincuencia organizada y contrabando de combustible mediante ferrotanques.

La medida fue emitida por Azucena Lazalde Íñiguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, dentro del juicio de amparo 1085/2026. Con esta resolución, la causa penal quedará congelada en su etapa intermedia, impidiendo la apertura del juicio oral hasta que el órgano jurisdiccional resuelva el fondo de la protección de la justicia federal.

El recurso legal impugna de manera directa el auto de vinculación a proceso dictado en julio pasado por la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, del Centro de Justicia Penal Federal en el Altiplano. Aunque la decisión frena el avance procesal hacia el juzgamiento oral, la suspensión no anula la vinculación ni absuelve al exmandatario, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene plenamente vigente la acusación.

Ruffo Appel, de 74 años, permanece bajo medida cautelar de prisión preventiva en su domicilio de Ensenada, custodiado de forma permanente por la Guardia Nacional. El exgobernador obtuvo la prisión domiciliaria por razones de edad y estado de salud el pasado 25 de septiembre, tras haber pasado dos meses y medio internado en el penal de máxima seguridad del Altiplano luego de su detención el 16 de julio.

La investigación de la FGR sitúa al exfuncionario como socio fundador y secretario del Consejo de Administración de la empresa Ingemar. De acuerdo con las pesquisas del Ministerio Público Federal, la compañía estaría vinculada a una red de importación ilegal de gasolina y diésel que provocó un quebranto estimado en más de 4 mil millones de pesos al fisco federal.

Este fallo representa el segundo revés judicial para la estrategia de la FGR en el caso. A principios de septiembre, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Toluca desestimó una queja promovida por la Fiscalía contra una suspensión previa concedida por el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez, rechazando la tesis gubernamental de que la medida atentaba contra el interés social.

Posteriormente, el expediente fue acumulado en el juzgado de la jueza Lazalde Íñiguez para unificar el criterio procesal, ya que dicha autoridad tramitaba el juicio de amparo 889/2026 promovido por la defensa del político en relación con sus medidas cautelares.