Gobierno de Trump se contradice hay partes en México más seguras que EU; CNN

Existe una drástica contradicción entre las advertencias públicas de la administración de Donald Trump y la postura que sostiene en privado. Mientras que el discurso oficial insiste en los peligros y la violencia desmedida en México y Centroamérica para rechazar las solicitudes de asilo, informes internos del propio gobierno estadounidense indican lo contrario: que varias zonas de México, Honduras, Guatemala y El Salvador son incluso más seguras que ciudades de Estados Unidos como Baltimore, Houston o Memphis.

La revelación de esta discrepancia proviene de la cadena de noticias CNN, medio que ha enfrentado un constante bloqueo por parte de Trump. El presidente ha vetado repetidamente a la red de cobertura en sus giras y eventos oficiales, lo que ha llevado a la cadena a emprender acciones legales para defender la libertad de prensa y revertir estas restricciones arbitrarias.

A pesar de los intentos por acallar la labor periodística, los documentos remitidos al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) dejan en evidencia la estrategia legal de la Casa Blanca: argumentar que las víctimas de extorsión o persecución pueden reubicarse dentro de sus propios países, bloqueando así su acceso a la protección internacional.

Esta paradoja se enmarca en la agresiva agenda de restricciones al asilo impulsada desde el regreso de Trump al poder en enero de 2025, la cual incluyó la cancelación inmediata de citas y el cierre definitivo de la aplicación CBP One para migrantes.

El impacto de estas medidas basadas en reportes contradictorios ha sido demoledor. En junio de 2025, los tribunales rechazaron el 94.1% de las solicitudes de asilo, aprobando solo 771 casos —menos de una cuarta parte de los registrados tres años atrás—, según datos del centro analítico TRAC.

El aparato judicial también ha sido desmantelado de forma interna: TRAC registró la renuncia o despido de 279 jueces migratorios durante los años fiscales 2025 y 2026, lo que representa el 38% del personal disponible a finales de 2024.

Asimismo, normativas recientes vigentes desde julio permiten canalizar a los solicitantes directamente a juicios de deportación, eliminando la entrevista previa con un funcionario de asilo.

Ante esta situación, una coalición de 21 fiscales generales estatales impugnó formalmente las medidas en septiembre, advirtiendo que cerca de 130 mil personas al año son enviadas aceleradamente a tribunales migratorios bajo este esquema defensivo.