Grecia Quiroz impugna ante la SCJN reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO. — Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, presentó esta mañana una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar las restricciones impuestas por la reciente reforma al Código Electoral de Michoacán, las cuales, asegura, vulneran los derechos de los aspirantes a cargos de elección popular por la vía independiente.

Acompañada por el activista y aspirante a la gubernatura de Chihuahua, Julián LeBarón, y el diputado local michoacano, Carlos Bautista Tafolla, la edil señaló que las nuevas disposiciones legislativas obstaculizan la competitividad electoral. Entre los puntos más cuestionados, destaca la prohibición para que los candidatos sin partido puedan compartir emblemas, colores o identidad gráfica, así como la restricción para realizar propaganda conjunta o coordinar campañas.

Quiroz, quien es viuda del alcalde asesinado Carlos Manzo —fundador del “Movimiento del Sombrero”—, hizo un llamado a los ministros del máximo tribunal del país para que asuman la responsabilidad de garantizar la equidad en la contienda y el derecho de la ciudadanía a elegir libremente a sus representantes.

Además de las limitaciones gráficas y de coordinación, la reforma electoral establece requisitos técnicos de alta complejidad. Para validar su registro como candidato independiente a la gubernatura de Michoacán, los aspirantes deben reunir 73,196 firmas ciudadanas, una cifra que, a decir de los promoventes de esta impugnación, representa una barrera desproporcionada que busca desincentivar la participación ciudadana.

A su llegada al recinto de la Corte, Quiroz fue recibida por simpatizantes que manifestaron su respaldo, mientras que el equipo legal y los acompañantes de la alcaldesa fueron atendidos por una comisión especial del tribunal, donde entregaron los argumentos formales para solicitar la revisión y posible anulación de los límites establecidos por el Congreso estatal.

Esta impugnación se suma al creciente debate nacional sobre las reglas de participación independiente, un tema que podría marcar un precedente para futuros procesos electorales en el país al definir si las restricciones locales atentan contra los derechos políticos consagrados en la Constitución.