No habrá impunidad en quebranto millonario a ganaderos tabasqueños: May

Luego que la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) mantiene abierta y en desarrollo una investigación formal por el presunto quebranto patrimonial relacionado con la Unión de Crédito Ganadero de Tabasco (UCGT). En un avance dentro del proceso penal, la FGET procedió al aseguramiento precautorio del inmueble que alberga las instalaciones de la UCGT, con fundamento en los artículos 229 y 230 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), para preservar indicios y garantizar la restitución de derechos a las víctimas.

El gobernador del estado, Javier May Rodríguez, confirmó la existencia de estas indagatorias y señaló que surgieron directamente de las quejas y denuncias presentadas por los ciudadanos afectados ante las instancias procuradoras de justicia. El mandatario hizo un llamado explícito a que las pesquisas se conduzcan con el máximo rigor, transparencia y apego a la ley, garantizando las garantías procesales de las partes involucradas, pero sin perder de vista la gravedad de los hechos.

May Rodríguez reconoció públicamente la seriedad y dimensión humana del problema, destacando que el impacto golpea de manera particular a sectores vulnerables. El fraude ha perjudicado de forma directa a más de 100 personas, principalmente adultos mayores y pensionados que confiaron e invirtieron el patrimonio y los ahorros de toda su vida en dicha institución financiera crediticia, sufriendo un despojo estimado en más de 300 millones de pesos.

Asimismo, productores pecuarios y ganaderos del estado se han visto gravemente perjudicados en su operatividad financiera, al quedar atrapados en la falta de liquidez y devolución de fondos por parte de la entidad.

De acuerdo con los testimonios y expedientes integrados a las investigaciones preliminares, el quebranto financiero probado asciende a 286 millones 951 mil pesos derivados de la concesión de préstamos irregulares asignados a un grupo selecto de 9 deudores. Entre las partes beneficiadas con estos créditos sin garantías suficientes destaca figuras políticas como el diputado de Movimiento Ciudadano, Pedro Palomeque Calzada, con un monto de 7 millones de pesos, así como empresas de la región entre las que figuran Comercializadora de Semillas Aldama, Cacao de la Costa y Desarrolladora de Productos Agrícolas.

Las pesquisas y señalamientos formales apuntan directamente a la gestión directiva actual de la Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, encabezada por Carlos Antonio Falcón Oropeza como presidente del Consejo de Administración, acompañado por Benito Zurita Moscoso en el cargo de secretario y Carlos Díaz en la tesorería, sobre quienes recae la responsabilidad ejecutiva por las decisiones administrativas y otorgamientos crediticios al margen de la norma.

Cronología de los eventos El desarrollo del conflicto ha quedado documentado a través de una serie de acontecimientos críticos registrados entre septiembre y octubre: 14 de septiembre: Un grupo numeroso de defraudados se concentró a las afueras de la UCGT para manifestarse y exigir el reintegro de sus depósitos tras denunciar el incumplimiento reiterado de pagos. 20 de septiembre: Se promovieron e interpusieron masivamente las primeras carpetas de investigación ante la FGET, formalizando las denuncias por fraude y administración fraudulenta. 28 de septiembre: Autoridades estatales y ministeriales sostuvieron la primera mesa de diálogo institucional con representantes de las víctimas para dar seguimiento al caso. 3 de octubre: Peritos y agentes de la FGET llevaron a cabo la diligencia penal de aseguramiento del inmueble sede de la UCGT bajo el amparo de los artículos 229 y 230 del CNPP. Exigencia de celeridad e impunidad cero Los afectados y sus familias han solicitado la adopción de medidas cautelares e inmovilización de bienes de los directivos e integrantes de la junta de administración de la Unión de Crédito Ganadero. Por su parte, el Gobierno del Estado reafirmó que se dará puntual seguimiento a la investigación judicial para asegurar el acceso a la justicia y prevenir la impunidad en delitos que vulneren la seguridad económica de los tabasqueños.