Iglesia Presbiteriana exige disculpa pública a FIRT Olmeca

La Iglesia Nacional Presbiteriana de México alzó la voz contra la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca. La institución religiosa demanda una reparación pública ante lo que consideran un agravio moral y un estigma injustificado, derivado del retiro de su equipo de videovigilancia en un templo de la capital tabasqueña.

Julián Hernández Moreno, titular de la Respetable Asamblea General, denunció en conferencia que los operativos han desatado una ola de hostilidad en plataformas digitales. Según el líder religioso, la integridad de la congregación se ha visto comprometida por interpretaciones erróneas que circulan en la opinión pública.

El frente legal, encabezado por Carlos Castellanos Morales, subrayó la magnitud del conflicto: con mil 500 centros de culto y más de 200 mil fieles en la entidad, la acción gubernamental es vista como un precedente alarmante para la libertad y seguridad de su comunidad. Ante esto, ya han interpuesto una queja formal ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La defensa argumenta que el inmueble, al ser un bien de la federación bajo custodia eclesiástica, goza de protecciones que invalidan cualquier intervención carente de un mandato judicial explícito. Castellanos Morales fue tajante al rechazar el término "cámaras parásitas" usado por el cuerpo de seguridad, señalando que tal concepto carece de sustento en el marco jurídico mexicano.

"Ningún acto de autoridad puede sostenerse solo en sospechas; la ley exige fundamentación y motivación", sentenció el abogado, quien cuestionó la discrecionalidad con la que se ejecutó el operativo.

Mientras aguardan la resolución de la SSPC, la Iglesia mantiene una postura abierta al diálogo, pero no descarta escalar el caso a nuevas instancias jurídicas. El incidente ha resonado más allá del ámbito religioso, despertando inquietud entre ciudadanos que temen que criterios similares se apliquen arbitrariamente a sistemas de vigilancia privados.