Investiga Sheinbaum a tabasqueño Amilcar amigo de Andy

El discurso oficial de que "en este Gobierno todo se investiga" enfrenta su prueba de fuego más compleja. El nombre de Jorge Amílcar Olán Aparicio, el otrora discreto empresario tabasqueño que durante años mantuvo un perfil bajo, ha vuelto a colocarse en el epicentro de la tormenta política y judicial del país, marcando lo que analistas y críticos consideran un punto de inflexión definitivo en los escándalos de corrupción de la llamada Cuarta Transformación.

Pese al discurso de unidad y transparencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, la presión sobre su administración escaló este miércoles 2 de septiembre, cuando la mandataria confirmó en su conferencia matutina que tanto la Secretaría de Hacienda como la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno poseen información detallada sobre el polémico empresario.

El ascenso de Amílcar Olán a la palestra pública no fue fortuito. Tras pasar años bajo un absoluto perfil bajo, el empresario saltó al escrutinio nacional tras una serie de grabaciones telefónicas reveladas por el medio Latinus. En los audios filtrados, Olán hacía gala de su acceso privilegiado a contratos gubernamentales y licitaciones multimillonarias.

Ese poder de picaporte no era casualidad: Amílcar Olán era o -es- considerado uno de los amigos más cercanos y operadores de confianza de Andrés Manuel "Andy" López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador. Lo que en las grabaciones se presentaba como una red de influencias indiscutible, hoy se traduce en carpetas de investigación formalizadas ante las autoridades hacendarias y penales.

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El millonario golpe del "Huachicol Fiscal"

La actual investigación que estrecha el cerco sobre el entorno de Olán tiene un origen estrictamente técnico e institucional. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó un gigantesco esquema de evasión fiscal y contrabando de combustibles operado por la empresa Portacelis Gas and Oil, una firma vinculada estrechamente con un operador de absoluta confianza de Amílcar Olán.

De acuerdo con la declaratoria de perjuicio presentada por el SAT ante la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la FGR el pasado 25 de marzo de 2026, la empresa cometió un presunto fraude monumental: Entre el 11 de febrero y el 27 de junio de 2025, Portacelis tramitó 139 pedimentos de importación de combustibles (diésel automotriz, gasóleo y mezclas con azufre). El combustible ingresó a territorio mexicano en ferrotanques utilizando documentación falsa. Esta operación irregular generó una omisión de impuestos y derechos federales que supera los 834 millones de pesos.

Como medida preventiva, el SAT suspendió a Portacelis Gas and Oil del padrón de importadores desde el 1 de agosto de 2025, mientras que la Secretaría de Hacienda requested formalmente a la FGR ejercer la acción penal contra los responsables.

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¿Investigación científica o control de daños?

Ante el cuestionamiento directo en Palacio Nacional sobre si Hacienda investiga a Olán, la respuesta de Sheinbaum intentó matizar el impacto, reiterando que su administración actúa sin distingos pero exigiendo rigor: "Sí, todo se investiga, todo, no hay nada que no se investigue. Pero pues tiene que basarse en evidencias científicas. Porque si no, pues es lo que dice una revista, un periódico, una red", señaló la presidenta.

No obstante, la confirmación de que la Secretaría de Hacienda y la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno tienen expedientes abiertos relacionados con el empresario tabasqueño confirma que el caso ha rebasado la simple narrativa mediática. Aunque Sheinbaum evitó precisar si el propio Olán está imputado de forma directa en la denuncia contra Portacelis, la cercanía de este con el núcleo político del movimiento ha llevado la narrativa gubernamental a un punto de inflexión.

Con la declaratoria de perjuicio en manos de la FGR, liderada por Ernestina Godoy, el desenlace de esta investigación definirá si el "todo se investiga" es una política real de rendición de cuentas o un sofisticado ejercicio de control de daños ante una red de corrupción imposible de ocultar.