Jueza ordena regreso a EU de informante de los cárteles deportado por gobierno de Trump

Una jueza federal en Maryland ordenó al gobierno de Donald Trump el retorno inmediato de 'John Doe', un ciudadano mexicano deportado este mes tras haber colaborado con la justicia de Estados Unidos. El hombre, de casi 50 años, ofreció testimonios clave contra peligrosos cárteles de la droga mexicanos, lo que puso en grave peligro su integridad física y la de sus familiares directos.

En su fallo, la jueza Stephanie Gallagher determinó que la revocación de las medidas de protección del deportado violó sus derechos al debido proceso y excedió las facultades legales del Ejecutivo federal. Gallagher enfatizó el inmenso interés público que existe en garantizar la seguridad de quienes arriesgan sus vidas para colaborar con las autoridades en el enjuiciamiento de organizaciones delictivas.

La expulsión se concretó luego de que el ICE y el Departamento de Estado, con la consulta de David Venturella y Marco Rubio, anularan su amparo alegando haber recibido garantías diplomáticas del gobierno mexicano. No obstante, Anna Tijerina, abogada defensora del afectado, denunció que su cliente no recibió notificación de dicha cancelación y que su vida corre peligro inminente en territorio mexicano.

El periplo de deportación estuvo plagado de irregularidades: tras pasar seis meses detenido en Luisiana, Doe fue enviado primero a Guatemala y devuelto por las autoridades locales; posteriormente, el gobierno estadounidense lo expulsó a México, donde fue rechazado inicialmente, hasta que finalmente fue deportado sin sus pertenencias ni dinero el pasado 1 de agosto.

Actualmente, el hombre permanece escondido en una región de México con alta actividad delictiva por temor a represalias de los grupos criminales que ayudó a procesar. La jueza Gallagher ordenó que, una vez que sea devuelto, el implicado debe permanecer custodiado dentro de un radio de 322 kilómetros del tribunal de Baltimore y contar con acceso garantizado a su defensa legal.

Este caso representa el más reciente de una serie de reveses judiciales para las políticas de deportación masiva de la administración Trump. Decisiones previas de cortes federales en casos como el del salvadoreño Kilmar Armando Abrego García, una mujer amparada por DACA en California, y una ciudadana colombiana, demuestran que los tribunales siguen frenando las expulsiones consideradas ilegales por el Ejecutivo.