Durante su conferencia matutina de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reformuló la denuncia de diversas denuncias de extorsión y hostigamiento burocrático en el Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco, catalogándolo como un "acto de corrupción" y urgiendo a la denuncia, sin abordar la problemática de la protección política y la impunidad señalada por la prensa.

La polémica involucra directamente a altos funcionarios municipales: el tesorero Juan Diego Hernández y su esposa, Laura Jiménez Alejo, subdirectora de compras. Ambos son acusados de presionar y extorsionar a proveedores y comercios locales  —entre ellos grandes cadenas como OXXO, a quienes se les giraron oficios— exigiéndoles "donativos" o regalos para rifas de fin de año, bajo la amenaza implícita de perder futuros contratos y licitaciones con el municipio.

Cuestionada por una reportera sobre los señalamientos, los testimonios anónimos de hostigamiento y la necesidad de la apliacación de la ley anti-extorsión, Sheinbaum Pardo admitió no tener conocimiento previo del caso. Sin embargo, su respuesta se centró en minimizar la gravedad de las acciones. "No tenía conocimiento de estos casos, pero más que un acto de extorsión es un acto de corrupción," declaró la mandataria.

Sheinbaum Pardo intentó matizar con este encuadre el abuso de poder y el hostigamiento sistémico que implica la extorsión “oficial” a proveedores. La presidenta se limitó a repetir el llamado genérico a la denuncia: "que un funcionario público pida recursos a alguna empresa a alguien que aporte sus servicios que se denuncie y cero impunidad, que se denuncie a las fiscalías y se haga la investigación que no haya impunidad".

La crítica de la prensa radica en que este tipo de "moches" y exigencias burocráticas a contratistas y empresas se ha convertido en una práctica recurrente en varios niveles de gobierno. Las víctimas, a menudo, evitan la denuncia formal por temor a represalias burocráticas o a la cancelación definitiva de su estatus como proveedores.

Silencio del Gobierno Estatal

Hasta el momento, y a pesar de la gravedad de las acusaciones que involucran a funcionarios de un municipio clave de Tabasco, el Gobierno del Estado no ha emitido ninguna postura oficial ni ha anunciado el inicio de una investigación interna o la separación cautelar de los funcionarios señalados, alimentando las dudas sobre la posible "protección política" denunciada por la reportera. La omisión del gobierno estatal contrasta con el discurso de "cero impunidad" de la Presidenta Sheinbaum, dejando el caso en un limbo de opacidad y potenciales consecuencias burocráticas para quienes se atrevan a formalizar las denuncias.

Morena valida acción municipal

Cabe destacar que el dirigente estatal de Morena, Jesús Selván, justificó el polémico oficio del alcalde de Macuspana, Gaspar Díaz Falcón argumentando que si la solicitud se hace por escrito, no es extorsión, sino un "acto de solidaridad" oficial. Para el líder morenista, el documento formal con membrete y firma es prueba de buena voluntad, transformando la aparente coacción oficial en una "noble invitación a la caridad empresarial.