Piden 50 años para policías por homicidio de Rodrigo

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco ha solicitado formalmente una pena de 50 años de prisión contra los cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) presuntamente responsables del homicidio de Rodrigo Isidro Ricárdez, ocurrido el pasado 14 de noviembre de 2025. Este avance judicial marca un precedente en el caso del estudiante universitario, abatido durante una persecución policial en el municipio de Centro.

Esta acción legal responde, en gran medida, a la incansable exigencia de justicia emprendida por don Lucio Isidro, el padre del joven, quien desde el primer momento rechazó la versión oficial de las autoridades y denunció irregularidades en el procedimiento, manteniendo una presión pública constante que obligó a profundizar en las investigaciones.

Durante la rueda de prensa para anunciar la solicitud de sentencia, los representantes de la Fiscalía enfatizaron que el caso permanece activo, sin descartar que más servidores públicos sean imputados por complicidad o alteración de pruebas. “Las investigaciones siguen su curso y se están revisando todas las posibles líneas de responsabilidad”, aseguraron voceros de la institución.

La mirada de las autoridades también se ha extendido hacia la estructura de mando de la SSPC. La investigación ha incluido la revisión de la actuación de altos funcionarios, entre ellos el fallecido director de Fuerzas Estatales de Apoyo, Eduardo de la Cruz Ovilla, quien estaba bajo la lupa por su presunta vinculación con los hechos antes de su deceso.

Rodrigo Isidro Ricárdez, quien cursaba la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, perdió la vida a causa de disparos de arma de fuego tras ser interceptado en un punto de revisión. Los dictámenes periciales han confirmado que los proyectiles fueron la causa determinante de su muerte, fortaleciendo la acusación que ahora busca esta ejemplar condena de medio siglo de cárcel.

Corresponde ahora al Poder Judicial, determinar la culpabilidad de los imputados. Este proceso representa un punto de inflexión para la sociedad tabasqueña y la comunidad universitaria, que han seguido de cerca el desarrollo de las investigaciones exigiendo justicia total para el joven estudiante.