Tulum, Quintana Roo – La polémica se encendió en Tulum luego de que habitantes y colectivos locales denunciaran restricciones indebidas en el acceso a las playas que ahora forman parte del polígono del Parque Nacional del Jaguar, administrado por el Grupo Mundo Maya. Esta situación desató bloqueos viales y manifestaciones, evidenciando la creciente tensión entre la ciudadanía y las autoridades.
La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, sostuvo una reunión con directivos del Grupo Mundo Maya en un intento por solucionar la crisis. Tras el encuentro, Lezama informó sobre acuerdos para garantizar el libre acceso a las playas a través de dos puntos específicos: Playa Mangle, con acceso peatonal por el sur, y el Parque El Jaguar, con un segundo acceso gratuito para residentes de Tulum previa presentación de identificación oficial (INE).
Aunque la gobernadora calificó la reunión con el general Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco, director de Grupo Mundo Maya, como "muy productiva", los colectivos ciudadanos mantienen una postura de vigilancia. Han advertido que monitorearán de cerca el cumplimiento de los compromisos, argumentando que el libre acceso a las playas es un derecho constitucional inalienable.
Crítica a la Gestión y Restricciones
La controversia pone de manifiesto una preocupante tendencia a la privatización y restricción del acceso a bienes comunes como las playas, bajo el pretexto de la conservación ambiental. Si bien la creación de áreas naturales protegidas es fundamental para la preservación de ecosistemas, la implementación de estas medidas no debe ir en detrimento de los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente el acceso libre y gratuito a sus espacios naturales.
La respuesta de las autoridades, aunque busca mitigar la inconformidad, llega después de que la presión ciudadana se hiciera sentir en las calles. La necesidad de que los residentes de Tulum presenten una identificación oficial para acceder a un punto de playa dentro de su propio territorio, sumado a la limitación de accesos, genera dudas sobre la verdadera intención detrás de estas regulaciones. ¿Se trata realmente de una medida de conservación inclusiva o de una forma velada de controlar y limitar el uso de espacios públicos?
