Reabren investigación penal por brutal agresión sexual grupal en Universidad de Cornell

La Fiscalía del condado de Tompkins, en el norte del estado de Nueva York, anunció la reabertura formal de una investigación penal y la presentación ante un gran jurado del caso de agresión sexual que involucra a varios miembros de la fraternidad estudiantil Chi Phi de la prestigiosa Universidad de Cornell. La decisión se produce tras una ola de indignación pública provocada por la demanda civil interpuesta el pasado 16 de septiembre por la víctima, identificada bajo el seudónimo de Jane Doe (o NN).

La demandante afirma que en la noche del 19 de octubre de 2024, cuando cursaba su tercer año universitario, fue presionada a consumir alcohol, fumar marihuana e inhalar ketamina hasta quedar incapacitada, siendo posteriormente agredida de manera brutal y continuada por siete hombres en la sede de la fraternidad. El ataque le causó graves secuelas físicas, emocionales y psicológicas.

Las recientes revelaciones de transcripciones y documentos filtrados a medios como WCBS y ABC News contradicen dicha postura: en ellos se detalla que la estudiante declaró explícitamente haber rechazado actos sexuales grupales, haber sido golpeada y no haber otorgado su consentimiento al avanzar la noche. Pese a la gravedad del asunto, el fiscal reconoció no haber entrevistado personalmente a la víctima ni haber contado con la transcripción completa en 2024.

Adicionalmente, se revelaron mensajes de Snapchat enviados esa misma noche entre los miembros de Chi Phi comentando con vulgaridad la disponibilidad sexual de la joven, así como disculpas posteriores enviadas por uno de los implicados. Mientras el fiscal calificó inicialmente estas pruebas como "una distracción", la defensa de la víctima acusa una negligencia sistémica en la recopilación de evidencia.

Por su parte, las autoridades universitarias sostienen haber actuado con firmeza tras una investigación de derechos civiles que derivó en la disolución y veto permanente de la sección local de Chi Phi, además de imponer sanciones disciplinarias a los involucrados, incluyendo suspensiones y expulsiones. Sin embargo, la demanda acusa a la institución de haber protegido a los agresores, haber intentado silenciar a la víctima e incluso haberle denegado el reembolso de su matrícula cuando intentó abandonar el campus tras el trauma sufrido.

Por un lado, la defensa de los acusados niega de manera categórica las imputaciones; sostiene que los exámenes de laboratorio no revelan presencia de sustancias e insiste en que las publicaciones en redes sociales constituyeron únicamente comentarios desafortunados. Ante este panorama, la comunidad estudiantil y la sociedad civil se mantienen a la expectativa de las resoluciones de las autoridades competentes.