Rechaza Iglesia Presbiteriana vínculos criminales ante comunicado de SSPC Tabasco

La Iglesia Nacional Presbiteriana de México, a través del Presbiterio "Grijalva-Usumacinta" y el Sínodo de Tabasco, ha emitido un enérgico comunicado público para rechazar categóricamente los señalamientos oficiales que vinculan su sistema de videovigilancia con posibles actividades ilícitas.

Esta inconformidad surge a raíz del desmantelamiento de cámaras de seguridad instaladas en el templo Nueva Jerusalén de Villahermosa, operativo realizado por elementos de la corporación FIRT-Olmeca y la Guardia Nacional el pasado 27 de mayo de 2026.

Las autoridades eclesiásticas aseguraron que las afirmaciones que sugieren un uso irregular o criminal de los equipos son falsas y carecen de sustento legal. El posicionamiento subraya que los dispositivos fueron adquiridos con recursos propios y su único objetivo ha sido la prevención de delitos, la disuasión de conductas antisociales y la protección de feligreses y vecinos. En todo momento, las grabaciones han servido, por el contrario, como evidencia para denunciar robos y actos de vandalismo ante la Fiscalía, buscando inhibir el delito en la zona.

La organización religiosa calificó como ofensivo cualquier intento de vincularla con conductas fuera de la ley. Tras recordar su presencia histórica en México desde 1872, destacaron su labor ininterrumpida en la promoción de la paz social, la transparencia y el respeto al Estado de derecho. Los representantes lamentaron que la Secretaría de Seguridad procediera al desmantelamiento de los equipos sin presentar pruebas que acrediten el supuesto vínculo con el crimen, afectando la seguridad de la comunidad.

Por lo anterior, el Presbiterio y el Sínodo de Tabasco solicitaron a las autoridades locales, estatales y federales investigar a fondo tanto la veracidad de los señalamientos difundidos como la legalidad del procedimiento mediante el cual fueron retirados los sistemas de videovigilancia. La Iglesia reiteró su disposición a colaborar con las autoridades, pero exigió que cualquier actuación gubernamental se apegue a la ley y al diálogo institucional.