Reclaman desalojo, gobierno sostiene posesión ilegal

La clausura y el vallado perimetral de "La Antojería Food Park", en el Gimnasio La Choca, ha generado un conflicto entre el Gobierno de Tabasco y los empresarios afectados. El Estado sostiene que la intervención es un ejercicio legítimo sobre patrimonio estatal que se acredita con la posesión del Decreto 259 de 1978, argumentando que los permisos de uso temporal están vencidos y no generan derechos de propiedad, deslindándose de responsabilidades con los locatarios al señalar que operaban sin facultades legales.

Por su parte, la administración del establecimiento, encabezada por Edén Caraveo, denunció un operativo "arbitrario y prepotente" sin notificación oficial ni orden judicial, reportando daños a la infraestructura.

Ante el desalojo, los locatarios solicitaron al gobernador Javier May una prórroga de seis meses para reubicar los negocios, salvaguardando el sustento de 120 familias.

En este contexto, el diputado federal Erubiel Alonso Qué de Movimiento Ciudadano, antes priísta, cuestionó la legalidad de la intervención, argumentando que, al existir venta del terreno a terceros, el litigio debería ser entre particulares y no mediante la fuerza pública, lo que genera inquietud en el sector empresarial sobre la seguridad jurídica.