Regresa la Erin Brockovich de verdad a la batalla contra la IA

Hace 26 años, la trayectoria de activismo ambiental y defensa de los derechos comunitarios de Erin Brockovich se transformó en un hito comercial para Hollywood. Según reporta El País, la película homónima dirigida por Steven Soderbergh y estrenada en el año 2000 recaudó cerca de 260 millones de dólares. El filme situó a su protagonista, Julia Roberts, como la actriz mejor pagada de la época con un contrato de 20 millones de dólares, además de otorgarle el premio Oscar a Mejor Actriz. Sin embargo, la figura real de Brockovich (nacida en Lawrence, Kansas, en 1960) no se limitó al encuadre cinematográfico tras liderar la batalla legal contra Pacific Gas and Electric Company (PG&E).

La compañía eléctrica y de gas operaba en California contaminando con cromo hexavalente —un compuesto altamente cancerígeno— las fuentes hídricas de Hinkley. Brockovich, quien no contaba con formación universitaria y trabajaba como asistente legal en un despacho tras enfrentar secuelas de un accidente automovilístico, articuló la demanda colectiva. De acuerdo con El País, el proceso concluyó en 1996 con un acuerdo de indemnización por 333 millones de dólares destinado a 600 residentes y exresidentes.

A pesar de los prejuicios machistas vertidos sobre su imagen pública por haber sido Miss Pacific Coast en 1981, Brockovich consolidó su perfil mediante la autoconfianza inculcada por sus padres. Su labor la convirtió con el tiempo en un referente del activismo social.

Casi tres décadas después de aquel caso, Brockovich vuelve al foco público. El País señala que actualmente la activista enfoca sus esfuerzos en fiscalizar la expansión indiscriminada y poco transparente de los centros de datos dedicados a la inteligencia artificial (IA) en Estados Unidos. Para esta causa opera mediante la infraestructura de su firma ambiental, Brockovich Research & Consulting.

Asimismo, impulsó la plataforma interactiva Brockovich Data Center Reporting para recabar datos sobre la implantación de complejos masivos por parte de corporaciones como Meta, Google y Microsoft. La iniciativa cuestiona la opacidad en la adquisición de terrenos y advierte sobre el estrés hídrico generado por el alto consumo energético y de agua en las torres de refrigeración. Entre otros problemas señalados figuran la contaminación acústica continua, el uso de químicos persistentes (PFAS), la acumulación de basura electrónica y la escasa oferta de empleo local de calidad.

Aunque Brockovich suele identificarse prioritariamente como defensora de los derechos del consumidor antes que bajo la etiqueta de ecofeminista, El País resalta que su enfoque pragmático desmantela los estereotipos corporativos tradicionales. Su activismo surge de la experiencia directa y del compromiso comunitario, manteniendo la vigencia de su impacto social.

Alicia H. Puleo, filósofa y codirectora del curso sobre ecofeminismo en la Universidad de Valladolid, destacó a El País que Brockovich constituye un referente claro del movimiento al defender la sostenibilidad comunitaria frente a esquemas androcéntricos de autoridad, validando el valor de las emociones en las causas de justicia social.

El caso Hinkley validó el valor del conocimiento informal u originado desde la comunidad frente al saber exclusivamente académico. Según declaró a El País Alfredo Menéndez Navarro, catedrático de Historia de la Ciencia en la Universidad de Granada, la experiencia de los afectados resulta crucial para identificar riesgos omitidos por organismos oficiales, en un proceso de democratización del conocimiento científico.