Sigue resistencia a registro celular

El registro obligatorio de líneas móviles en México enfrenta un panorama crítico a pocos días de la fecha límite del 30 de junio de 2026. Según datos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), al cierre de mayo solo se había logrado vincular el 36.2 por ciento del total de las líneas activas —equivalente a 52.3 millones de cuentas—, una cifra que evidencia la magnitud del desafío operativo: para completar el padrón, sería necesario registrar cerca de 3.9 millones de líneas diariamente durante el mes de junio.

El bajo avance no es uniforme y revela una profunda brecha informativa y de confianza entre los diversos estratos socioeconómicos. Mientras que el 93 por ciento de los usuarios de mayores ingresos conoce el proceso, este porcentaje se desploma a menos de la mitad en los grupos de menores ingresos, donde predomina el desconocimiento sobre la obligatoriedad del trámite.

A esto se suma un factor determinante: el 70 por ciento de quienes aún no han registrado su línea argumenta desconfianza hacia la medida, una percepción que, según expertos, ralentiza la adopción masiva.

Esta resistencia social ha generado llamados desde el sector privado para replantear la estrategia. Carlos Slim, presidente honorario de América Móvil, ha sugerido que las autoridades deberían reconsiderar los lineamientos actuales para implementar un proceso más eficaz tanto para el usuario como para el regulador.

Por su parte, han advertido que la desconexión masiva de líneas el 30 de junio no solo afectaría a los usuarios, sino que podría derivar en un día —o más— de parálisis económica, al interrumpir las comunicaciones y el acceso a plataformas digitales esenciales.

Pese a que el gobierno federal ha perfilado la posibilidad de una prórroga para evitar el colapso del servicio, la postura oficial de la CRT se mantiene firme: el plazo sigue vigente y las operadoras están obligadas a suspender las líneas no registradas a partir de julio, permitiendo únicamente el acceso a llamadas de emergencia al 911. Esta medida busca, en última instancia, reducir la criminalidad vinculada a dispositivos móviles, pero la brecha entre la capacidad de procesamiento y la realidad del usuario plantea un escenario complejo a escasas semanas del cierre del padrón.