TET frena con amparos fiscalización de $19 millones del OSFE

Un escandaloso choque institucional ha estallado en Tabasco tras revelarse que el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tabasco (TET), Oswald Lara Borges, promovió dos juicios de amparo ante la justicia federal para frenar las investigaciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), el cual detectó anomalías financieras que superan los 19 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2025.

El titular del OSFE, Juan José Peralta Fócil, denunció abiertamente que la embestida judicial del magistrado constituye una flagrante "cortina de humo" para justificar graves omisiones administrativas y rehuir la rendición de cuentas, argumentando impertinentemente que el ente fiscalizador carece de facultades constitucionales para auditar a los organismos autónomos.

En una comparecencia ante los medios, Peralta Fócil expuso pruebas documentales que acreditan los reiterados requerimientos ignorados por la presidencia del TET; asimismo, ventiló que el propio personal subordinado del Tribunal acudió a entregar documentación incompleta y sin firmar, manifestando su temor a enfrentar responsabilidades administrativas por la drástica negativa de Lara Borges a rubricar los informes contables.

Peralta Fócil mostró documentos con los que dijo, se requirió en diversas ocasiones información al TET pero no obtuvieron respuesta e incluso, ventiló que el propio personal del Tribunal Electoral informó de la negativa de Lara Borges para firmar documentación solicitada por el órgano.

A la severidad del desvío denunciado se suma el cuestionable uso de fondos públicos para la contratación privada de despachos y asesores jurídicos externos en favor de la defensa personal del magistrado, práctica que desafía frontalmente las disposiciones vigentes en la Ley de Austeridad del Estado.

Sin dar paso al retractamiento ni conceder disculpas por el rigor técnico demostrado por los auditores, el OSFE dio por iniciada una inminente y decisiva batalla legal en los tribunales federales, sosteniendo que la fiscalización sobre los más de 19 millones de pesos no cederá ante maniobras dilatorias ni presiones de índole política.