No ven Sheinbaum ni Harfuch delito o traición a la patria con gobernadora de Morena

La presidenta Claudia Sheinbaum ha trazado una línea divisoria clara entre lo que constituye una amenaza a la soberanía y lo que se considera un trámite privado, basando la distinción no en el hecho en sí, sino en el origen político de los protagonistas.

En el caso de Chihuahua, la postura del Ejecutivo Federal ha sido categórica al identificar una transgresión al marco jurídico nacional. Al ser cuestionada sobre la operación de agentes extranjeros en territorio chihuahuense, la mandataria fue contundente: “El caso de Chihuahua está demostrado que había gente de una agencia operando en territorio, eso es una violación flagrante a la Ley de Seguridad Nacional”, sentenció este martes en Palacio Nacional. Para el Gobierno de México, la presencia de dichas agencias no admite matices: debe investigarse.

Sin embargo, al trasladar la lupa hacia Baja California, donde se revelaron audios de la gobernadora Marina del Pilar Ávila presuntamente ofreciendo colaboración a autoridades estadounidenses, el criterio de la presidenta Sheinbaum cambia de registro. Ante la consulta sobre esta comunicación privada, la titular del Ejecutivo descartó que exista “algún delito que perseguir”.

Para Sheinbaum Pardo, la diferencia radica en la naturaleza de la conversación. Mientras que en Chihuahua el enfoque oficial recae en la “operación” de agentes en suelo mexicano, en Baja California la lectura es distinta: se trató, según la explicación de la mandataria, de “gestiones personales” relacionadas con la recuperación de una visa estadounidense, realizadas con el apoyo de un abogado.

“No se escucha nada que comprometa la seguridad nacional, ni la seguridad del estado de Baja California. No pensamos que haya un delito que perseguir, porque no se entiende, no se encuentra en esta comunicación algo que ella esté dando que tenga que ver con comprometer la seguridad”, argumentó la Presidenta.

En esta misma línea, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, respaldó la postura presidencial al asegurar que, tras dialogar con la gobernadora, se concluyó que “no está diciendo de ninguna manera algo que sea sensible”. El titular de la seguridad federal subrayó que, aunque las mesas de seguridad estatales suelen ser espacios donde se comparte información sobre incidencia delictiva o blancos prioritarios, en el audio difundido no se infiere “ningún tipo de delito”.

Ante los cuestionamientos sobre el origen de las filtraciones, la Presidenta optó por cuestionar la fuente y la intencionalidad, reiterando que su administración no tenía conocimiento previo de las gestiones migratorias de la gobernadora. Para la administración federal, el asunto se zanja con una premisa simple: “Si hay que investigar que se investigue, pero son dos cosas completamente distintas”.