Video póstumo de Guardia Nacional descuartizado sacude a fuerzas de seguridad

Juan R. Escudero, Guerrero. El brutal asesinato del agente de la Guardia Nacional (GN), Eduardo Bustos Pérez, cuyo cuerpo desmembrado fue hallado en bolsas de plástico junto a la carretera México-Acapulco, ha desatado una profunda crisis de seguridad y credibilidad en el estado de Guerrero. Antes de su muerte, el uniformado grabó un video de ocho minutos que circula en redes sociales, en el cual acusa a altos mandos militares y a funcionarios de la Fiscalía local de estar coludidos con el grupo criminal "Los Tlacos" para exterminar a sus rivales de "Los Ardillos".

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Acusaciones de sobornos y colusión institucional

En la grabación realizada durante su cautiverio, Bustos Pérez denunció que su superior inmediato, el Cabo Medina, y un agente de delitos graves de la Fiscalía estatal de apellido Montoro, reciben pagos quincenales en efectivo de aproximadamente 100 mil pesos directamente de "Los Tlacos".

Asimismo, señaló que generales en Chilpancingo y la zona de Ocotito perciben quincenalmente sumas de entre 200 mil y 300 mil pesos. Según el agente asesinado, toda la estrategia de inteligencia y operativos en la zona estaba diseñada exclusivamente para combatir a "Los Ardillos" y permitir que "Los Tlacos" tomaran el control de Juan R. Escudero y Xaltianguis, con miras a avanzar hacia Acapulco. El oficial también implicó en esta red de favores a Jacinto Barona, un cuadro estatal del partido Morena.

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Reacciones oficiales y despliegue militar

Tras la difusión del material, la Fiscalía General del Estado (FGE) argumentó que el agente de la GN fue secuestrado durante sus vacaciones y "obligado a realizar declaraciones relacionadas con los operativos". Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) evitó emitir comentarios directos sobre las acusaciones de corrupción, limitándose a señalar que este hecho de violencia ocurre en un contexto de importantes golpes que las autoridades han asestado a la delincuencia en la entidad.

Como respuesta inmediata al crimen, se desplegó un operativo interinstitucional de 284 efectivos, dos aeronaves y 16 vehículos en Xaltianguis, Pablo Galeana y Río Verde. Esta movilización resultó en la detención de 16 presuntos integrantes de "Los Ardillos" —incluido su operador financiero— y el aseguramiento de 12 armas de fuego, más de 36 mil cartuchos de diversos calibres, drogas, tragamonedas y vehículos. La Sedena advirtió que las fuerzas del orden no se retirarán de la zona hasta detener a los responsables del homicidio.