CAMPECHE. La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que Daniel “N” fue vinculado a proceso y se le impuso prisión preventiva justificada, tras ser señalado por el delito de privación ilegal de la libertad, en agravio de 23 personas.

Las investigaciones revelaron que el imputado, junto a otras personas, mantenía retenidas contra su voluntad a las víctimas dentro del Centro de Rehabilitación “El Árbol de la Vida”, ubicado en la colonia Mirador.

Tras analizar los elementos presentados por la FGE, el juez determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

El detenido fue trasladado al Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, donde permanecerá mientras continúan las investigaciones por este caso, que ha generado conmoción en la entidad.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves 10 de abril, cuando agentes ministeriales llevaron a cabo un cateo en el anexo “Árbol de la Vida”, logrando rescatar a 23 personas que, según las autoridades, se encontraban retenidas contra su voluntad.

Durante el operativo también se aseguró marihuana dentro del inmueble, lo que podría agravar la situación jurídica del implicado, ya que se presume la posible comisión de delitos contra la salud.

Las personas liberadas habrían sido ingresadas al centro bajo presuntas prácticas irregulares, sin supervisión médica ni consentimiento pleno, por lo que la Fiscalía abrió una carpeta de investigación que incluye posibles actos de maltrato y tortura.

Las autoridades ministeriales informaron que se mantenía activa una búsqueda para localizar a otros involucrados en estos hechos, incluyendo al presunto propietario del establecimiento, quien hasta ahora no ha sido detenido.

De confirmarse su participación, podrían enfrentar cargos adicionales relacionados con delitos contra la integridad física y emocional de los internos, además de posibles sanciones por operar un centro de rehabilitación fuera del marco legal.

Este caso ha generado preocupación en la sociedad campechana y ha puesto en evidencia la necesidad de supervisar más estrictamente estos espacios que operan bajo la figura de anexos, algunos de los cuales podrían estar funcionando de forma clandestina o sin las condiciones mínimas para atender a personas con problemas de adicciones.