México.- Las intensas lluvias que azotaron el centro y sur de México han dejado un saldo devastador de al menos 28 muertos, más de una docena de desaparecidos y miles de damnificados. La furia de la naturaleza, manifestada en crecidas de ríos, deslaves y daños masivos en infraestructura, ha puesto en evidencia una vez más la vulnerabilidad del país y, lo que es más preocupante, ha desatado una ola de indignación entre la población por la percepción de una tardía y, en algunos casos, insuficiente respuesta institucional.
Imágenes desgarradoras en redes sociales muestran calles convertidas en torrentes que arrastran vehículos, ríos desbordados engullendo viviendas y comunidades enteras sumergidas. Los cortes de electricidad que afectaron a más de 320 mil usuarios, los casi mil kilómetros de carreteras dañadas y el despliegue de 8,700 militares, si bien son acciones necesarias, no han logrado disipar la creciente molestia de los ciudadanos, quienes claman por una atención más rápida y eficaz.
La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo conversaciones con los gobernadores de los estados más afectados (Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Guerrero), asegurando que se está "trabajando para apoyar a la población, abrir caminos y restablecer el servicio eléctrico". Sin embargo, para muchas de las comunidades devastadas, estas declaraciones suenan huecas ante la magnitud de la tragedia y la lenta llegada de la ayuda.
Hidalgo se erige como uno de los estados más golpeados, con 16 fallecidos reportados. El secretario de gobierno estatal, Guillermo Olivares Reyna, detalló que mil viviendas, 59 hospitales y clínicas, y 308 escuelas han resultado afectadas. La comunidad lamenta que, a pesar de la previsibilidad de los fenómenos meteorológicos, las medidas preventivas y de respuesta no estuvieron a la altura.
En Puebla, donde al menos nueve personas perdieron la vida y 13 siguen desaparecidas, el gobernador Alejandro Armenta solicitó ayuda federal para rescatar a personas atrapadas en los techos de sus casas. La demora en la llegada de aeronaves para el rescate y la atención a los hospitales afectados ha generado frustración y cuestionamientos sobre la capacidad de reacción del gobierno en situaciones de emergencia. La explosión de un ducto de Pemex debido a un derrumbe en La Ceiba, que afectó a más de 80 mil personas, añade otra capa de complejidad a la crisis, exacerbando la sensación de desamparo entre los ciudadanos.
Veracruz también lamenta dos muertes, incluyendo la de un oficial de policía. Con 38 municipios afectados y 5 mil viviendas dañadas, la gobernadora Rocío Nahle señaló que Poza Rica es una de las zonas más impactadas, donde el corte de electricidad por seguridad no ha aliviado la angustia de los residentes que lo han perdido todo. La evacuación de casi 900 personas por la Marina es un esfuerzo loable, pero la magnitud de la afectación subraya la necesidad de una respuesta integral y sostenida.
La muerte de un niño en Querétaro, atrapado en un deslave, se suma a la lista de tragedias que han podido ser evitadas con una respuesta institucional más diligente. La desbordamiento del río Jalpan y los derrumbes carreteros en la región evidencian la falta de infraestructura resiliente y la urgencia de inversiones en prevención de desastres.
Mientras el gobierno federal detalla el despliegue de elementos de la Marina, embarcaciones, helicópteros y plantas potabilizadoras, la población afectada se mantiene en vilo, exigiendo no solo ayuda humanitaria inmediata, sino también una profunda revisión de las políticas de gestión de riesgos y desastres. La molestia es palpable: para muchos, la respuesta institucional ha llegado tarde, dejando a su paso un rastro de dolor, pérdidas y la amarga sensación de que sus vidas no fueron la prioridad. La sociedad civil espera que esta crisis sirva como un llamado de atención para las autoridades, quienes deben priorizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos frente a la inminente amenaza del cambio climático.
