TABASCO. Durante una gira por Tabasco, el presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, salió en defensa del exgobernador Adán Augusto López Hernández ante los señalamientos que ha recibido por el presunto vínculo de su exsecretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena, con el grupo criminal La Barredora.
El legislador calificó de infundadas las peticiones de la oposición para que López Hernández solicite licencia a su cargo en el Senado, y cuestionó el papel de algunos medios de comunicación que —dijo— “no deben jugar el papel de oposición”. “No hay ninguna acusación, expediente o citatorio en su contra. Entonces, ¿de qué se le acusa? Esto es un golpeteo político”, aseveró.
Fernández Noroña reprochó que quienes ahora exigen la separación de López Hernández, como el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, o la senadora Lilly Téllez, provienen de partidos que “han saqueado al país” y “nunca han mostrado la misma exigencia” hacia sus propios miembros involucrados en casos de corrupción o narcotráfico. “Los que han estado vinculados al narco, como García Luna, ahí sí guardaron silencio”, dijo.
Asimismo, respondió sobre la supuesta solicitud al Colegio de Notarios de Tabasco, del retiro de la licencia al exgobernador. “¿Qué han dicho los notarios de Granier, de Madrazo, de Andrade? Yo creo que son una pandilla de farsantes”, lanzó.
El senador insistió en que, mientras no haya una investigación formal o un proceso judicial contra Adán Augusto, no existe razón para que deje su escaño. “La presunción de inocencia es un derecho; si alguien comete un acto indebido, debe asumir su responsabilidad, pero no podemos sumarnos a linchamientos mediáticos”, afirmó.
En otro tema, Fernández Noroña abordó la Reforma Electoral y reconoció que el debate interno entre Morena, el PT y el Partido Verde “llevará tiempo” para alcanzar consensos.
Finalmente, recordó casos como el de Raúl Vallarta, quien pasó 20 años en prisión de forma injusta, como ejemplo de los daños que causan las condenas mediáticas antes de que existan pruebas o sentencias judiciales.
