Ciudad de México. La identificación y órdenes de aprehensión contra líderes e integrantes del autodenominado "bloque negro" por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha puesto nuevamente el foco en las críticas sobre la selectividad de las autoridades al momento de aplicar la ley en manifestaciones públicas.

Si bien la FGJ-CDMX informó que cuenta con 38 carpetas de investigación abiertas y cinco órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar contra 31 personas identificadas por actos violentos y vandalismo en marchas recientes, analistas y opositores han señalado una presunta inacción o permisividad cuando estos grupos aparecen en eventos contrarios al gobierno en turno, en contraste con la ausencia de incidentes similares en mítines convocados por Morena y sus aliados.

El "bloque negro", presuntamente compuesto por estudiantes, exestudiantes, anarquistas y radicales de instituciones como la UNAM, UAM, IPN y UACM, ha sido señalado como responsable de agresiones y destrozos en manifestaciones como la del 2 de octubre y la protesta contra la gentrificación del pasado 21 de julio. Las investigaciones incluso sugieren la inclusión de pandillas del Centro Histórico que aprovecharían estas movilizaciones para cometer robos.

Las críticas apuntan a que, a pesar de que estos grupos actúan a la vista de las fuerzas de seguridad y que las autoridades cuentan con imágenes y registros de sus acciones, la respuesta judicial y policial ha sido tardía e inefectiva. Se cuestiona por qué se permite sistemáticamente su aparición y sus actos violentos en marchas de oposición, lo que, según los señalamientos, podría tener el efecto de deslegitimar las protestas ciudadanas legítimas.

Hasta el momento, la Fiscalía ha solicitado cinco órdenes de aprehensión y cinco audiencias de control sin detenido, además de girar 21 citatorios. Sin embargo, la falta de cumplimiento de las órdenes judiciales y las demoras en la detención de los implicados mantienen viva la polémica sobre si existe una consigna política para actuar con cautela ante estos grupos en manifestaciones que ejercen presión sobre el gobierno local y federal.