Tras el revés a su iniciativa de reforma electoral constitucional, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un "Plan B" centrado en reducir el gasto y los privilegios en el ámbito subnacional: congresos locales, ayuntamientos y órganos electorales estatales, con el objetivo de liberar alrededor de 4 mil millones de pesos para necesidades sociales. Esta estrategia impacta directamente las estructuras políticas locales al no poder aplicar recortes similares en el Congreso de la Unión ni en el ámbito electoral federal.

La propuesta, que se enviará al Congreso el próximo lunes mediante leyes secundarias, busca disminuir el gasto público estableciendo topes al gasto de los congresos locales y reduciendo el número de regidores en los ayuntamientos, debido a la imposibilidad de avanzar en la vía constitucional rechazada. Sheinbaum justificó esta acción citando diferencias injustificadas en los costos legislativos por estado, como el costo anual por legislador en Baja California (34.8 millones de pesos) versus Colima (5.1 millones). En el ámbito municipal, criticó la cantidad de regidores en ciudades grandes como Acapulco (20), Monterrey (28) y Puebla (23), sugiriendo que la reducción de estos cargos liberaría recursos para obra pública.

Sin embargo, esta focalización perjudica las figuras de las diputaciones locales y las regidurías, al ser las únicas afectadas por los recortes de personal y presupuesto, mientras que las estructuras federales y consejeros del INE mantienen su autonomía y salarios, a pesar de la crítica a la duplicidad de estructuras con los OPLEs (Organismos Públicos Locales Electorales), que sí serán susceptibles de cambios.

Adicionalmente a los recortes, el "Plan B" contempla ampliar la participación ciudadana mediante: la propuesta de someter a votación pública temas electorales, como los montos de financiamiento a partidos; y la flexibilización de los plazos para la Revocación de Mandato para que pueda realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno. La presidenta defendió su postura ante la oposición, señalando que las propuestas de consenso solo buscaban mantener los plurinominales y una reducción mínima a partidos, lo cual no está dispuesta a negociar. El rechazo a la reforma constitucional obligó a recurrir a esta vía legislativa que concentra las modificaciones en el ámbito subnacional.