El espacio aéreo mexicano durante los últimos días ha sido escenario de una inusual y polémica actividad: el sobrevuelo y aterrizaje de aeronaves provenientes de Estados Unidos, un hecho que ha encendido las alarmas y el debate sobre la soberanía nacional en un contexto de crecientes tensiones bilaterales.

El punto álgido se registró este fin de semana con el aterrizaje de un avión de la Fuerza Aérea de EE. UU. en el Aeropuerto Internacional de Toluca. La explicación oficial es que la aeronave transportó a 39 funcionarios de la unidad de Operaciones Estratégicas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lo que sugiere una coordinación en materia de seguridad. Sin embargo, la frecuencia de estos movimientos ha generado suspicacia.

Aeronave que llevó a Maduro en México

A esto se suma la llegada de una aeronave del Departamento de Justicia de Estados Unidos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) el pasado miércoles, identificada como N874TW y proveniente de la Base Conjunta de Andrews, en Maryland, se trata de la misma nave que traslado al depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro tras ser capturado por fuerzas estadounidenses.

Pero quizás el incidente que más controversia ha suscitado es el reporte del sobrevuelo de un avión militar, presuntamente un dron de vigilancia MQ-4C Triton (matrícula BLKCAT5), alrededor de la Península de Yucatán, pasando incluso cerca de Campeche. La presencia de aeronaves de vigilancia en zonas sensibles sin un anuncio oficial ha reavivado la discusión sobre los límites de la cooperación y el respeto al territorio mexicano.

Estos vuelos ocurren en el marco de la presión ejercida por el presidente Donald Trump y su administración en la lucha contra los cárteles de la droga, una narrativa que a menudo ha rozado la amenaza de intervención.

Mientras que el gobierno mexicano podría argumentar que estos movimientos son parte de acuerdos de cooperación binacional en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado, una parte de la opinión pública y analistas políticos lo perciben como un signo preocupante de la pérdida de control sobre el propio espacio aéreo, o peor aún, como una demostración de fuerza y una velada injerencia.

La polémica se centra en la opacidad con la que se manejan estos eventos. ¿Se trata de misiones acordadas y supervisadas con total transparencia por las autoridades mexicanas, o son acciones que responden más a la agenda de seguridad de Washington? La falta de información detallada y oportuna alimenta las teorías de que México podría estar cediendo soberanía en aras de mantener una relación estable con su poderoso vecino.

La vigilancia aérea, especialmente de un dron militar como el MQ-4C Triton, no solo tiene implicaciones de seguridad, sino también de inteligencia, levantando interrogantes sobre qué tipo de información está siendo recabada por EE. UU. en territorio mexicano.

En un momento donde las relaciones entre México y Estados Unidos se caracterizan por una constante tensión, este despliegue aéreo no es un simple detalle logístico, sino un poderoso símbolo de la compleja dinámica de poder que define la frontera. La pelota está en el tejado de las autoridades para ofrecer claridad y garantizar que la soberanía nacional no sea solo una declaración, sino una práctica innegociable.