César Horacio Duarte Jáquez, gobernador de Chihuahua entre 2010 y 2016, pasó de ser uno de los cuadros fuertes del PRI a convertirse en símbolo de corrupción. Su administración fue señalada por desvíos multimillonarios, la llamada “nómina secreta” y la Operación Safiro, esquema de triangulación de recursos públicos hacia campañas políticas.

En 2020 fue detenido en Miami y extraditado en 2022 para enfrentar cargos en México. Desde entonces, su nombre ha estado ligado a procesos judiciales por peculado y asociación delictuosa, además de nuevas acusaciones de lavado de dinero.

Más allá de los expedientes, Duarte ha utilizado su estado de salud como un factor clave en su defensa:

• En 2023 se habló de un infarto dentro de su celda, aunque autoridades lo desmintieron.
• Ese mismo año, una audiencia fue suspendida por crisis hipertensiva.
• En 2024 fue sometido a cirugía por fibrilación auricular, lo que derivó en que un tribunal le concediera libertad condicional bajo arraigo domiciliario.

Estos episodios han alimentado la percepción de que sus padecimientos cardíacos y de presión arterial podrían ser usados como estrategia para obtener beneficios procesales.

Mientras los tribunales avanzan en las acusaciones de corrupción, su defensa insiste en que las condiciones médicas deben ser consideradas. La tensión no está en “privilegios”, sino en cómo la salud de un exgobernador puede convertirse en un factor decisivo dentro de un proceso que aún no concluye.