CHIAPAS. La entidad ocupa el quinto lugar nacional en violencia política de género, con 26 personas sancionadas, entre ellas alcaldes, síndicos y ciudadanos. Los casos incluyen violencia digital, verbal y psicológica. Municipios como Catazajá, Reforma y Tapilula concentran las denuncias, mientras persiste la reincidencia pese a las sanciones.

En ese sentido, la consejera del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Gloria Esther Mendoza Ledesma, pidió garantías para las mujeres que ejercen cargos públicos.

Entre los sancionados figuran, Amador Moreno Ruiz (Emiliano Zapata); Rosenberg Díaz Sánchez (Tapilula); Gilberto López Lunes (síndico de Aldama); Jorge Guzmán López (Tecpatán); Benjamín de Jesús Cabrera Rosario (Catazajá); y José Luis Avendaño Borras (Venustiano Carranza).

Mendoza Ledesma, solicitó que el feminicidio cometido en contra de Lola Patricia Pathistan, regidora en el ayuntamiento de Chamula a finales de junio pasado, podría estar relacionado con la obstaculización del ejercicio del cargo público. Aunque hay una persona detenida por el caso, pide el esclarecimiento de los hechos y garantizar el ejercicio del cargo de todas las mujeres electas en 2024.

Solicitó a la Fiscalía General del Estado esclarecer el feminicidio de Lola Patricia Pathistan, segunda regidora e hija del tesorero Roberto Pathistan.

“Es un asunto que lamentamos muchísimo. Cuando tuvimos conocimiento del feminicidio de la regidora de Chamula es algo que llevamos a la mesa del Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de Las Mujeres.”

Dijo que en el instituto están al tanto de los casos de obstaculización del ejercicio del cargo cuando esta ocurre en el ámbito interno del cabildo, siendo esta una causa recurrente contra presidentas municipales, síndicas o regidoras.

Dejaron de lado el ámbito privado, pero cuando la violencia de género en lo privado incide en el ejercicio público del cargo, también se analiza en el observatorio. La llamada es para que las autoridades electorales puedan incidir incluso en el ámbito privado, para garantizar que el ejercicio sea pleno.

Mendoza Ledesma comentó que en el IEPC se ha creado la Unidad de Género, que brinda atención de primer contacto e inmediata para atender posibles casos de violencia política en razón de género, junto con la Dirección Jurídica y lo Contencioso, para ofrecer una atención más integral.

Hizo un llamado a la sociedad, a las mujeres, a las colectivas y a los integrantes del Observatorio a mantenerse muy atentos a la atención de la violencia política en razón de género. “Necesitamos que las mujeres que no pueden ejercer sus cargos denuncien. Desde el IEPC vamos a generar la atención adecuada. Tiene que haber denuncia para que haya atención adecuada.”

Actualmente se documentan casos de violencia política en razón de género contra presidentas municipales como Catarina Pérez Ruiz (Aldama), María Velázquez Ortiz (Mitontic), María de la Luz Hernández Pérez (Rincón Chamula San Pedro), Julieta Gómez Jiménez (Amatenango del Valle) y Annette Aylin Velásquez Zunún (Bella Vista), quien recientemente dejó su cargo por presiones de grupos sociales.