Chocan empresarios por aumento a impuestos

Una profunda consternación ha sacudido al sector empresarial mexicano tras conocerse una propuesta fiscal estructurada en el seno del Consejo Coordinador Empresarial para ser presentada a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La iniciativa contempla gravar alimentos y medicinas con una tasa del 16 por ciento de IVA, además de eliminar su tratamiento actual como productos exentos.

Desde el Consejo Nacional Agropecuario, su presidente Jorge Esteve Recolons ha expresado un enérgico rechazo a esta medida, alertando sobre el severo impacto que representaría para la población golpeando de manera directa el gasto de las familias mexicanas y elevando el costo de la canasta básica en un entorno económico sensible.

El sector agroalimentario enfatiza que gravar la producción de alimentos encarecería de inmediato los insumos de producción y la distribución de bienes primarios, provocando una espiral inflacionaria que afectaría con mayor severidad a los hogares de menores ingresos. Asimismo, se advierte que la medida reduciría la competitividad del campo mexicano frente a las importaciones y desincentivaría la inversión formal en las zonas rurales, comprometiendo la seguridad alimentaria del país.

Ante este escenario, se ha solicitado frenar la presentación de la propuesta como postura institucional y abrir de manera urgente una mesa de diálogo técnico para construir alternativas fiscales equilibradas y responsables.

Si bien el superávit con Estados Unidos supera los 121 mil millones de dólares, la elevada dependencia del mercado asiático para insumos y maquinaria ha encendido focos rojos en la agenda bilateral.

La situación -reveló- ha trascendido las fronteras y captado la atención de la Casa Blanca, que ha comenzado a escudriñar el origen y la trazabilidad de los productos exportados desde México por sospechas de transbordo ilegal de mercancías vinculadas a China.

Las autoridades estadounidenses, dijo, mantienen bajo especial observación zonas de alto desarrollo industrial como el corredor Guanajuato-Querétaro, lo que obliga a la industria nacional a certificar la transformación real del valor agregado antes de su exportación para mantener la certeza en la relación comercial con el socio del norte.