Veracruz.- La detención e imputación contra el reportero Rafael León Segovia por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, acusado de terrorismo, encubrimiento y delitos contra la seguridad pública, ha desatado una ola de críticas y señalamientos de autoritarismo y abuso de poder, una estrategia que, según periodistas y abogados, es recurrente en gobiernos emanados de Morena, como ya se ha visto en Campeche y Puebla.

La organización Artículo 19, junto a periodistas y abogados, exigieron a las autoridades de Veracruz erradicar toda práctica abusiva e intimidatoria que amenace el derecho humano de cualquier comunicador y la libertad de expresión.

En un comunicado, Artículo 19 condenó la detención de "Lafita", ocurrida durante Noche Buena en Coatzacoalcos, y pidió a la FGE actuar con imparcialidad e independencia. Asimismo, exhortó al Poder Judicial a garantizar los derechos de Rafael como imputado y asegurar el debido proceso.

La acción de la FGE, que ha sido vinculada a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, y autoridades judiciales, ha provocado molestia y críticas.

Tomas Mundo Arriasa, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, criticó la urgencia de Nahle por contar con una fiscal "a modo" y un Poder Judicial "cómodo", y calificó como un abuso imputar al reportero por delitos graves.

"El argumento jurídico es que el bien jurídico protegido en ese delito de terrorismo es la seguridad del estado y la conducta desplegada por el periodista en ningún momento -por los datos que se conocen- no encuadra en la conducta típica y antijurídica. Por el contrario, se aprecia una responsabilidad penal de los servidores públicos involucrados; que más bien obedecen cuestiones políticas más que aplicar la ley", señaló Mundo Arriasa.

Tanto el abogado como un grupo de periodistas de Veracruz, incluyendo a José de Jesús Algarín Durán, José Luis Ortega Vidal, Silvia Núñez Hernández, Rodrigo Barranco Déctor, José Prigadaá Andrade y Fany Yépez Luna, condenaron el hecho. Advirtieron que este tipo de acciones busca atemorizar al periodismo veracruzano para evitar críticas a Rocío Nahle y transformarlo en un "periodismo aplaudidor", en lo que identifican como una táctica de intimidación ya utilizada previamente por gobiernos de Morena en otras entidades, como Campeche y Puebla.