La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha vuelto a poner en entredicho su discurso de austeridad y equidad. Tras la cancelación de los seguros de gastos médicos privados, el alto tribunal firmó un convenio con el ISSSTE para garantizar la "continuidad" de la atención especializada de segundo nivel para su personal. Sin embargo, lo que se presenta como una "integración" al sistema público, esconde un mecanismo de acceso privilegiado que agrava la desigualdad en el servicio de salud estatal.

Mientras millones de derechohabientes del ISSSTE—trabajadores del Estado, maestros, personal médico—enfrentan cotidianamente listas de espera interminables, saturación en clínicas y un rezago crónico en la asignación de consultas con especialistas y estudios de alta especialidad, el acuerdo con la SCJN establece, de facto, un carril rápido. El convenio "ordena y formaliza un procedimiento" para que la Corte envíe sus casos de manera "sistemática", lo que inevitablemente implica saltarse las largas filas que padece el resto de los afiliados.

Esta situación no solo es una burla a la promesa de "cercanía y austeridad" de la nueva administración de la Corte, que recientemente se blindó con camionetas de lujo, sino que también socava la confianza en la igualdad de derechos.

La respuesta del director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, no hizo más que echar sal a la herida. Al defender el acuerdo como "igualador", Batres ignora la realidad operativa del sistema de salud. Calificar de "igualitario" un esquema que garantiza el acceso expedito a especialidades para un grupo selecto de servidores públicos, mientras el resto del magisterio o personal administrativo espera meses, es una negación flagrante de la crisis de saturación que enfrenta la institución.

El mensaje que envía este convenio es claro: existen ciudadanos de primera y de segunda dentro de la burocracia estatal. La cancelación de los seguros médicos privados fue un paso en la dirección correcta hacia la austeridad, pero la creación de un esquema preferente en el ISSSTE es un retroceso moral y ético que valida el privilegio.

Si el objetivo real fuera la igualdad, el convenio debería enfocarse en inyectar recursos y mejorar la infraestructura del ISSSTE para eliminar los rezagos para todos los derechohabientes, no en crear una ruta VIP para los ministros y su personal. La "igualdad" pregonada por Martí Batres solo existe en el papel; en la práctica, la Corte ha conseguido blindar su salud con un acceso preferente que el funcionario se niega a reconocer.