QUINTANA ROO. La asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) y el Consejo Ciudadano y Científico Pro Restauración y Preservación de Bacalar denunciaron que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) continúa con la construcción de una casa de descanso a orillas de la laguna de Bacalar, a pesar de la suspensión definitiva que el Juzgado Primero de Distrito del estado emitió dentro del juicio de amparo que promovió la primera organización mencionada contra la obra y las autoridades que la permitieron.

La suspensión definitiva fue concedida a DMAS y la asociación Proyecto Justicia Común (Projuc) en audiencia realizada el pasado 5 de junio y es la segunda que emite en ese sentido el juzgado; pero al igual que la primera otorgada a un grupo de ciudadanos de Bacalar el 6 de mayo pasado y una suspensión provisional vigente por demanda de niños, niñas y adolescentes el municipio, estas medidas cautelares de tres juicios de amparo no han impedido que la obra avance.

De hecho, en las fotografías que acompañan a las denuncias públicas realizadas por DMAS y el Consejo Ciudadano se observa que las obras están avanzadas, tanto que ya se finalizó el fraguado de la estructura de concreto de la piscina de la casa de descanso, al igual que se observa el camión con la máquina revolvedora utilizada para los trabajos.

Según DMAS, la suspensión definitiva emitida obliga a que se detenga la construcción mientras se resuelve el juicio de amparo de fondo, que reclama la aprobación irregular de una exención de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en la Secretaría de Medio Ambienta y Recursos Naturales (Semarnat), la falta de vigilancia ambiental por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y autoridades del municipio de Bacalar, así como la ejecución directa de las obras por parte de la Sedena sin autorización ambiental.

Por su parte, el coordinador de Litigio Estratégico de Projuc, José Mario de la Garza, dijo que el juez otorgó la suspensión definitiva porque consideró que existen elementos suficientes para considerar que la edificación de la estancia de los militares representa “una amenaza grave al equilibrio ecológico y los derechos humanos de la comunidad”, y ordenó detener la obra de manera inmediata en razón de la alta posibilidad de que se llegue a afectar el medio ambiente de forma irreparable.

El juez consideró que es necesario detener la construcción para analizar la legalidad y constitucionalidad de los permisos que las autoridades le dieron a la Sedena, y si esas autorizaciones se adecuan a los estándares internacionales y nacionales de respeto al derecho al medio ambiente sano y el derecho a la cultura.

Ahora, para emitir la sentencia de fondo del juicio de amparo, el juez analizará la exención de la MIA que le otorgó la Semarnat a la Sedena y los permisos de construcción que otorgó el ayuntamiento de Bacalar.

Además, el juzgado analizará las medidas de prevención y mitigación del impacto ambiental que presentó la Sedena; un informe de inspección realizada por la Profepa y las contestaciones de las demás autoridades federales, municipales y estatales emplazadas, incluyendo al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) y la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) del estado.