EE. UU. cerca a la alcaldesa de Cancún, su esposo y su suegro por nexos criminales

En una sacudida política que amenaza con fracturar las estructuras de poder en el sureste mexicano, revelaciones exclusivas obtenidas por El Financiero confirman que la alcaldesa de Benito Juárez (Cancún), Ana Patricia ‘Ana Paty’ Peralta de la Peña, y aspirante a la candidatura de Quintana Roo por Morena, se encuentra bajo un riguroso escrutinio en el más alto nivel de la justicia federal.

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas líneas de investigación que vinculan a la edulcorada gestión municipal con presuntos desvíos millonarios de fondos públicos, una red de huachicol fiscal a gran escala y oscuros contactos con personas ligadas al Cártel de Sinaloa.

El impacto del caso ha rebasado las fronteras nacionales: fuentes confidenciales confirmaron a El Financiero que el Departamento de Estado de los Estados Unidos asestó un golpe fulminante al entorno íntimo de la alcaldesa al revocar de manera fulminante las visas de Ana Paty Peralta, de su esposo Lucio Galileo Lastra Abreu y de su suegro, el influyente patriarca Lucio Galileo Lastra Escudero.

Este cerco diplomático e institucional desmantela la coraza de un grupo familiar con profundas raíces en la política regional. Lastra Escudero construyó un sólido expediente público tras desempeñarse como Secretario de Salud en el estado de Tabasco para posteriormente reconvertirse en un prominente líder empresarial en Jalisco.

Por su parte, su hijo Lucio Galileo Lastra Abreu intentó forjar su propia trayectoria antes de emprender el viaje a Cancún junto a su esposa, punto de inflexión donde la carrera política de Ana Paty Peralta experimentó un vertiginoso ascenso hasta la cúspide del cabildo cancunense.

Las pesquisas federales apuntan a determinar si el corazón financiero y logístico del ayuntamiento fue puesto al servicio de intereses electorales para catapultar a Rafael Marín Mollinedo, extitular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en la carrera por la gubernatura rumbo a 2027. Paralelamente, los expedientes analizan el trasiego irregular de combustibles a través de ferrotanques en una causa penal radicada en Almoloya de Juárez, así como supuestos nexos con el crimen organizado.

Investigaciones basadas en expedientes han documentado que la FGR solicitó información a la Agencia Nacional de Aduanas sobre operaciones de presunto contrabando de combustibles correspondientes a ese periodo. Entre los asuntos judicializados por autoridades federales se encuentra la causa penal 325/2025.

Mientras los señalamientos se mantienen bajo el rigor de la investigación ministerial sin sentencia definitiva, las sombras que se ciernen sobre el clan Peralta-Lastra convulsionan prematuramente el escenario político de Quintana Roo.