El gobierno del presidente Donald Trump ha emitido una nueva directriz que podría endurecer significativamente el proceso para que los extranjeros visiten o vivan en Estados Unidos. Aunque las pautas impactan principalmente a las visas de inmigrante, han generado preocupación sobre su posible aplicación a otros tipos de visas, como las de turista (B-2).

La disposición, emitida a través de un cable del Departamento de Estado, instruye a los funcionarios consulares a examinar a fondo a los solicitantes para asegurarse de que no se conviertan en una "carga pública", es decir, que no dependan de beneficios gubernamentales en el futuro.

Si bien funcionarios federales han señalado que el cambio se enfoca en las visas de inmigrante y no en las visas de no inmigrante como la B-2 (que permiten estancias a corto plazo, incluyendo visitas personales y tratamientos médicos), la amplitud de la directriz y el nivel de discreción que otorga a los oficiales consulares han encendido las alarmas.

Los expertos advierten que la directiva podría reducir el número de visas emitidas y afectar desproporcionadamente a ciertos grupos, como los adultos mayores y las personas de bajos ingresos. Entre los factores que los funcionarios consulares deben tomar en cuenta ahora se encuentran la edad, el estado de salud, la situación familiar, las finanzas, la educación y cualquier uso previo de asistencia pública.

Específicamente en el ámbito de la salud, el cable menciona condiciones médicas que podrían descalificar a un solicitante, como padecimientos crónicos, obesidad, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, y ciertas condiciones de salud mental que requieran una atención costosa. Aunque estas condiciones se mencionan en el contexto de la carga pública, el mero hecho de que se consideren de manera tan específica introduce un nuevo nivel de escrutinio.

Además, se indica a los funcionarios que soliciten exhaustiva documentación financiera a los solicitantes que busquen usar sus activos para cubrir los requisitos de carga pública, incluyendo cuentas de ahorro, corretaje y jubilación.

Abogados de inmigración señalan que la disposición cambia el mensaje institucional, pasando de un enfoque favorable hacia las solicitudes a uno que busca "encontrar un motivo para rechazarlas", dando a los oficiales consulares una mayor autoridad para usar la "totalidad de las circunstancias" para negar una visa. Esto sugiere que, incluso si la visa de turista no es el objetivo principal de la norma, la nueva atmósfera de rigor en la evaluación podría llevar a un escrutinio mucho más estricto para cualquier persona que solicite ingresar al país.