CHIAPAS. La Clínica de Litigio Indígena y Formación en Derechos Humanos (Clifodh), Otros Mundos, la vicaría de la diócesis de San Cristóbal y el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello solicitaron al gobierno federal liberar a cinco indígenas tzeltales, presos desde 2022 en el municipio de Cancuc.

Mediante un comunicado, informaron que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidió su liberación el pasado 15 de mayo, y que el gobierno tiene plazo hasta octubre para informar sobre el cumplimiento de esta resolución.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), resolvió que la detención de Manuel Santiz Cruz, defensor de derechos humanos, así como de otros cuatro indígenas evangélicos de Chilón y San Juan Cancuc, fue arbitraria, y solicitó al Estado mexicano su liberación inmediata, además de garantizar una indemnización y otras formas de reparación integral.

Los detenidos fueron identificados como Manuel Santiz Cruz, defensor de derechos humanos vinculado a la diócesis de San Cristóbal de Las Casas; Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar, todos de filiación evangélica.

Las agrupaciones denunciaron que los cinco fueron arrestados sin orden de aprehensión, incomunicados durante 24 horas y víctimas de desaparición forzada temporal. Señalaron también la ausencia de traductores, abogados defensores y el uso excesivo de la fuerza durante su detención.

Según reportes, habrían sido detenidos de manera injustificada por el homicidio de un hombre, que al no poder pagar el “acceso” al municipio de San Juan Cancuc, fue “brutalmente” golpeado, por lo que murió.

Los sujetos del caso fueron detenidos a finales de mayo y principios de junio del 2022 por el homicidio de una persona en el municipio de San Juan Cancuc, retenida por pobladores que le exigían una “multa” para permitirle el acceso y que, al ser golpeado por no poder pagar, le causó la muerte horas después.

El 17 de mayo de 2023 fueron condenados a 25 años de prisión, y tras solicitarse una repetición del juicio recibieron la misma pena el 19 de abril de 2024.

El Grupo de Trabajo determinó que la privación de libertad violó múltiples artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo que ubica el caso en las categorías I, II, III y V de detención arbitraria. La ONU ha solicitado al Estado mexicano responder a esta resolución a más tardar en octubre de 2025.

“El remedio adecuado es liberar inmediatamente a los cinco individuos y concederle el derecho efectivo a una indemnización”, señaló el organismo de la ONU.

Además, la resolución exhorta a las autoridades a llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente que derive en sanciones para los responsables de la detención ilegal y las violaciones a derechos humanos.

Las organizaciones recordaron que el Estado mexicano está obligado por tratados internacionales a garantizar la protección, restitución y reparación de las víctimas. En ese sentido, citaron el control de convencionalidad como principio obligatorio para las autoridades jurisdiccionales del país.

El exhorto también está dirigido a los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, quienes deberán analizar la situación jurídica de los indígenas detenidos bajo el marco de la decisión del Grupo de Trabajo de la ONU.

Manuel Santiz Cruz es un defensor indígena tzeltal de derechos humanos presidente del Comité de Derechos Humanos de la parroquia de San Juan Evangelista en el municipio de San Juan Cancuc, Chiapas. El trabajo de Manuel Santiz Cruz se centra en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

Los cinco son de origen indígena del pueblo maya tseltal quienes habían participado en movimientos de defensa de los derechos humanos y del territorio en la zona de San Juan Cancuc.

Santiz Cruz, en particular, presidió un comité de derechos humanos local que promovió acciones de defensa de la tierra en contra de la construcción de un tramo de la carretera de San Cristóbal de las Casas a Palenque.

El comité local también se opuso a la presencia de la Guardia Nacional y del Ejército en el municipio.

El grupo de la ONU sobre Detención Arbitraria está presidido por la exjueza ucraniana del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Ganna Yudkivska, a quien acompañan los juristas Matthew Gillett (Nueva Zelanda), Miriam Estrada-Castillo (Ecuador) y Mumba Malila (Zambia).