Familia pide justicia para jardinero abatido como sicario por ministeriales

Celaya, Gto. La vida de José Guadalupe Ramírez Flores, un humilde jardinero del Álamo Country Club, se truncó de manera violenta e injusta. Señalado por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato como un "presunto agresor" abatido en un enfrentamiento, su familia exige hoy, con desesperación y pruebas irrefutables, que se limpie su nombre y se haga justicia.

La tarde del lunes 4 de mayo, la calle José María Morelos fue escenario de un ataque contra agentes ministeriales. El saldo oficial fue el de un agente herido y un supuesto criminal muerto. Pero ese hombre caído era José Guadalupe, de 39 años, un trabajador dedicado y padre de familia.

Sus hermanos e hijo de 17 años presentaron ante los medios los registros del checador digital del fraccionamiento. La evidencia es contundente: José inició su jornada a las 5:59 de la mañana y marcó su salida a las 5:08 de la tarde, tras una hora extra recolectando pelotas de golf para asegurar un ingreso adicional.

Según los desgarradores testimonios de sus allegados, José regresaba a casa en su motocicleta Honda roja. Quedó atrapado en el fuego cruzado. Testigos presenciales relatan una escena de horror: tras caer herido por disparos en las piernas al intentar orillarse, José clamó por auxilio. En lugar de recibir ayuda, una agente ministerial se habría acercado para dispararle de nuevo, dejándolo sin vida e indefenso sobre el pavimento.

“José Guadalupe deja en la orfandad a un joven de 17 años y a una niña de tan solo 10 años. Mientras la autoridad mantiene su postura, la familia Ramírez Flores advierte: no descansaremos hasta que se reconozca que José fue una víctima de un abuso de autoridad”, declaró uno de sus hermanos, con la voz quebrada.

A pesar de las pruebas, la Fiscalía defendió su versión de los hechos, asegurando en un comunicado que el fallecido y sus acompañantes agredieron a los agentes. "Ante una amenaza real, actual e inminente, los agentes actuaron en legítima reacción operativa para salvaguardar su integridad y su vida”, informó la dependencia.

Ante la gravedad de las acusaciones y la indignación familiar, la Procuraduría de Derechos Humanos ha iniciado ya una investigación, buscando arrojar luz sobre este caso que mancha el uniforme de la justicia y rompe el corazón de una familia.