IEPCT frena el fraude electoral en candidaturas

En un esfuerzo institucional por cerrar el paso a las recurrentes tácticas de usurpación y simulación que han caracterizado a los partidos políticos en la contienda electoral, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) ha implementado un esquema inflexible de fiscalización a través de la Tabla de Acciones Afirmativas.

De acuerdo con la consejera presidenta del organismo, Elizabeth Nava Gutiérrez, la adopción de este riguroso tabulador operativo tornará prácticamente imposible que las organizaciones partidarias vulneren la legislación electoral local e impongan candidaturas espurias en los espacios reservados normativamente para sectores históricamente vulnerados.

El nuevo marco de verificación no se limita a la mera autoadscripción o al cumplimiento formal de cuotas, sino que impone una fiscalización documental exhaustiva adaptada a las particularidades de cada comunidad o grupo prioritario. Mientras que en materia de paridad de género rigen reglas uniformes e indiscutibles para todas las fuerzas políticas, la asignación de espacios para juventudes, personas con discapacidad, diversidad sexual (LGBTIQ+) e indígenas contempla criterios obligatorios y optativos —distribuidos estratégicamente entre candidaturas de mayoría relativa y representación proporcional— tanto en planillas edilicias como en fórmulas para diputaciones locales.

Para desmantelar los vacíos legales que históricamente permitieron el registro de falsos aspirantes, el IEPCT exigirá pruebas irrefutables de adscripción y trayectoria comunitaria. Quienes pretendan acceder a una candidatura reservada para personas con discapacidad deberán acreditar formalmente su condición mediante documentación médica oficial que certifique una discapacidad permanente; en el caso de la comunidad LGBTIQ+, además de la manifestación explícita, se constatará el trabajo probado en favor de la agenda de la diversidad. Asimismo, las candidaturas indígenas exigirán el respaldo sustantivo de la propia comunidad o de sus autoridades tradicionales mediante un aval formal que verifique la labor comunitaria efectiva del aspirante.

Nava Gutiérrez enfatizó que el procedimiento de fiscalización culminará con un riguroso cruce técnico de información entre los expedientes presentados y las demarcaciones o distritos donde se registren las postulaciones. Este análisis transversal permitirá al órgano electoral verificar de manera fehaciente que los partidos cumplan con la sustancia de la norma y no únicamente con su apariencia, asegurando que los espacios de representación efectiva sean ocupados de forma legítima por verdaderos representantes de cada causa.